El acuerdo fue firmado por la procuradora Miriam German y el presidente de la JCE.
Santo Domingo, 22 de mayo de 2023 – La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron hoy un acuerdo interinstitucional de cooperación con el objetivo de establecer el voto penitenciario para las elecciones generales de 2024.
El acuerdo, firmado en la sede de la JCE, contó con la participación del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
También estuvieron presentes los titulares del Pleno Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa, así como el secretario general, Sonne Beltré Ramírez, y el director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.
Según el convenio, la JCE obtuvo equipos al Ministerio Público para llevar a cabo el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión. Además, se seguirá el sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas imputadas y privadas de libertad. La PGR tendrá acceso a los mecanismos de consulta en la base de datos de la JCE.
El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, calificó la firma del acuerdo como un "paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos".
Destacó la importancia de la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría, ya que permitirá que los privados de libertad puedan ejercer el sufragio activo en las elecciones de 2024, tal como ocurre en otros países con el voto penitenciario.
Además, el acuerdo contribuirá a depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a las personas juzgadas de manera definitiva e irrevocable.
Por su parte, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, resaltó la importancia del convenio en favor de las personas desfavorecidas de la sociedad. Destacó que el acuerdo reconoce derechos consagrados en la Constitución y permitirá que aquellos que antes no pudieron ejercer su derecho al voto por falta de registro o datos pueden hacerlo.
Germán Brito enfatizó que el derecho al voto ha sido históricamente excluyente y que esta medida brindó a las personas privadas de libertad la oportunidad de hacer valer su opinión y esperanzas a favor de los candidatos que consideraron más adecuados para su situación.
El acuerdo establece una colaboración interinstitucional en el proceso de establecimiento del voto penitenciario. El Ministerio Público aumentó la implementación de un sistema multibiométrico que facilita la gestión, resguardo y consulta de información para fortalecer la identificación de personas e imputados, así como el control de privados de libertad en los procesos de investigación, judicialización o privación de libertad. La JCE se compromete a apoyar
