El Ministerio de Medio Ambiente está manifestando ser uno de los de más difícil de gestión de todo el Estado Dominicano, cuando su ministro se propone cumplir estrictamente con la ley. El tema no es solo un problema de esta gestión de gobierno, sin embargo, esta es la que presenta mayor drama: un ministro asesinado en su despacho y otro acosado por altos funcionarios del propio partido de gobierno junto a una sociedad civil que, hasta ahora, se queja de deficiencia en la aplicación de la ley ambiental. En principio, se pensó que el asunto tenía que ver con las impericias en la materia del ministro.
Ahora se puede apreciar que dicho despacho es una real silla de alfileres para quien asume esa posición. Esto así, porque se observa que, el problema está en la permisología que otorga a particulares ese ministerio. Resulta que, cuando un partido está en el gobierno llueven las ofertas para obtener permisos de diversos tipos relacionado con dicho ministerio. Se sabe que, un estudio de impacto ambiental es muy costoso, pero de nada sirve si su promotor no obtiene la aprobación del mismo en el ministerio ambiental.
Así las cosas, la industria de la construcción, el turismo, los ayuntamientos, las granceras, la inversión extranjera, la industria, la agricultura y así, prácticamente todos los sectores desarrollistas del país, buscan permisos en dicha cartera. De modo que el ministro se ve asediado por todos estos sectores; mientras que, de otra parte, los sectores conservacionistas del país, los llamados ambientalistas o defensores del medio ambiente, presionan también al ministro.
Pero, al parecer, la presión más fuerte que recibe el ministro, es la proveniente de sus pares, es decir de jerarcas de toda laya insertados en posiciones públicas de importancia con y sin influencias que presionan al ministro y a sus técnicos hasta obtener permisos para hacer lo que les viene en gana con el ambiente. Un craso error, ha consistido en no suspender los permisos encontrados de administraciones anteriores. Esta medida hubiere evitado muchos contratiempos, incluso al propio Orlando. No se ha hecho quizás porque el gobierno que realiza diversas obras públicas de construcción, también extrae agregados de los ríos o, al menos, eso dicen los contratistas aunque se sabe que, las más de las veces, esto es falso. De cualquier modo, la industria de la construcción es la que más se queja al interior del gobierno.
A esas tradicionales presiones –en todos los gobiernos-, se añade ahora la de los jerarcas del partido de gobierno. Es la primera vez que altos dirigentes de un partido de gobierno reaccionan públicamente porque un ministro se niega a mantener nóminas y nominillas otorgadas a dirigentes específicos del partido en el poder. Es decir, a la dirigencia del partido de gobierno no le preocupa la buena o mala gerencia de un ministro, sino la capacidad de éste para emplear compañeritos de la base o para extraer dinero público mediante ese argumento. Esta actividad muestra que el partido de gobierno no es tan moderno como dice ser, esas prácticas las evocó primero hace ya más de un siglo Desiderio Arias. Por tanto, dinamizar y sanear esa institución no es un trabajo fácil sobre todo si la policía ambiental y el ministerio público ambiental no persiguen el delito ambiental. Es entonces cuando toda la carga del asunto recae sobre el ministro es decir la ausencia de institucionalidad es la que ocasiona la presión sobre el ministro. Podría plantearse que el esquema de Frank Moya Pons de delegar poderes en subalternos es un mecanismo interesante para quien va a esa cartera como ministro. Al menos, en el caso que comentamos funcionó.
Ahora se entiende el por qué los ríos están siendo devastados en su lecho por granceras, pues existe connivencia para que ello ocurra dentro y fuera del ministerio. Ahora se entiende el por qué los bosques son talados y sus árboles convertidos en mercancía que deja mucho dinero a ciertos sectores.
El problema del plástico y la reforestación son temas que no son del interés de los políticos que ven el Estado como un botín. Es el viejo dicho aquel de que “la patria” somos nosotros. Es decir la política como depredación de lo público. Toda la vida se ha visto la política como la capacidad de gobernante de repartir los recursos siempre escasos de una sociedad. Ahora bien, cuando la voracidad de ciertos partidos clientelares toma como norte el reparto entre sus acólitos de los recursos del erario. Es esto es, se llega al poder no para resolver los problemas nacionales sino para repartir los recursos de que se dispone para resolver los grandes problemas nacionales. Por tanto, hay un divorcio entre el propósito y la práctica.
Por otra parte, muchos de esos dirigentes entienden que el sistema mismo tiene esas características de saqueo. El saqueo aparece entonces como la divisa que caracteriza la acción pública de un gobierno. Nadie va a resolver problemas de la colectividad pero si a resolver problemas grupales o personales. Bajo el neoliberalismo los administradores de los bienes públicos actúan como si fuesen herederos de lo público bajo el régimen sucesoral del derecho continental. Esto es: con derecho a usar de los bienes públicos como si fuesen propios. A esta caracterización contribuye sin duda la debilidad institucional de la justicia puesto que el régimen de consecuencias frente a etas inconductas es inexistente. Un buen ejemplo es la camada de políticos corruptos del gobierno anterior, casi todos los enjuiciados saldrán pronto con su botín y seguirán su agitado curso como “honorables”. Esto dice mucho de la política como botín.
De ahí que, cuando se asciende al poder con la participación activa de la sociedad civil o con un partido de reciente creación, la noción del Estado como botín se dificulta. Así que la dirigencia de ese partido debería ponderar entre el modelo clientelar y el modelo gerencial de la cosa pública. Sobre todo cuando nos encontramos ante un proceso electoral donde se aspira a una reelección prescindir de la sociedad civil y de sus técnicos sería una medida suicida. DLH-24-5-2023
