Ramírez pone contexto a una serie de hechos controvertidos ventilados públicamente y censura a la mayoría que ha creado “casi una facción”.
Importantes casos de corrupción, que el ministerio público dice “sobreprobar” podrían resbalar en los tribunales por “debilidades profundas” en auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas.
La revelación figura en un “Informe ejecutivo del estado situacional de la Cámara de Cuentas” del jueves último, suscrito por su presidente, Janel Ramírez, entrevistado ese día por una comisión especial de diputados que investiga la ingobernabilidad en el órgano. En la jornada fueron interrogados los otros cuatro miembros y la secretaria general auxiliar.
A solo 8 meses de las elecciones municipales y 11 de las presidenciales y congresuales, diputados comisionados ponderan la posibilidad de recomendar un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, que decidirá el pleno de legisladores, luego de recibir el informe que estaría redactado el próximo viernes.
Ramírez, en el documento a que tuvo acceso este columnista expresa que “todo lo que hemos advertido respecto a las debilidades de la gestión, planificación y ejecución del proceso auditor y que es innegociable fortalecer los procesos y el nivel técnico ya ha venido teniendo efecto en los tribunales”.
“Se le ha ordenado a la CCRD que entregue los papeles de trabajo donde pudiesen observarse debilidades profundas que hagan cuestionable los resultados”, advierte.
Y agrega que “los auditados están solicitando por la vía contenciosa administrativa la delimitación de sus gestiones y la citación de miembros a procesos penales, a pesar de que se ha querido entender erróneamente que la responsabilidad de los trabajos es solo del equipo auditor y quienes firman para no involucrarse en la debida supervisión”
Ramírez, se supo, también habría advertido a los comisionados sobre este problema en la entrevista. Se queja de que “a pesar de nuestra disidencia, la mayoría de los miembros sigue aprobando cuestiones sin ver estos requerimientos que materializan el mandato de la Constitución y de la ley”, amparándose en legislaciones inaplicables.
“Han indicado que tenemos auditorías retenidas, pero la verdad es que no negociamos la necesidad de revisar la calidad y la tecnicidad de los trabajos”, precisa.
Ramírez pone contexto a una serie de hechos controvertidos ventilados públicamente y censura a la mayoría que ha creado “casi una facción” y que continúa la práctica orquestar “escándalos mediáticos” sobre hechos internos “quizás bajo la perspectiva de la oportunidad de modificación de configuración del bufete directivo a los dos años, brecha que deja la ley”.
Sobre el plan anual de auditoría en el que figura, según otra fuente, más del 90 por ciento de indagaciones a la actual gestión de gobierno, explica su voto disidente en alegada “falta de objetividad y tecnicidad” del programa.
“De las instituciones seleccionadas para auditar, propusieron auditar tantos años existieran entre el último año sobre el cual se realizó algún trabajo auditor hasta el año 2022; metodología y planificación totalmente irrazonable y desproporcional, puesto que no toma en consideración los criterios de una auditoría basada en riesgos, así como de las verdaderas capacidades, análisis del tiempo y recursos, etc.”, dice.
En los interrogatorios, los diputados dejaron ver sus intereses partidarios y el tono bajaba o subía, según la dama o el caballero, sometido a los cuestionamientos.
Hay posiciones desde el “se van to°” hasta recomendaciones de exhortación al entendimiento, con la correspondiente modificación de la ley, que otorgue mayores facultades al presidente de la Cámara de Cuentas.
Por más fórmulas que se ensayen, el fondo es político, vinculado profundamente con los temas de corrupción y el poder de los actuales imputados e investigados y posibles encartados.
Insisto: la ingobernabilidad y parálisis del órgano abonan la decisión del juicio político, pero el momento es riesgoso…
Más la sal que el chivo.
