El hecho de que la opinión pública se encuentre dividida, mitad a mitad, ante el hecho de: ¿quién defiende la constitución, la fiscal o la policía?
La reforma policial, que se dice está en curso, mostró su rostro en la actitud que asumió una patrulla policial en Higüey frente a una superior de ellos: una fiscal. Habría que ser muy tonto para creer que de haber sido un coronel de la policía, quien estuviese manejando un auto sin placa y no una fiscal, la actuación policial hubiese sido la misma. Es decir, la instrucción reformadora que están recibiendo nuestros policías no llega a concienciarlos sobre quién dirige la investigación y quién tiene autoridad constitucional en materia judicial, como tampoco a cuáles integrantes del poder civil se debe respeto lo mismo que a cada ciudadano.
Por otra parte, el hecho muestra al país el grado de indigencia con que se encuentra operando el Ministerio público, el grado de avituallamiento que exhiben los policías contrasta con el de la fiscal. Esta solo tenía sus uñas, un celular y su dignidad ultrajada para defenderse, mientras que los monstruos, poseían de todo: buenos vehículos, buenas armas, buenos uniformes con chalecos antibalas, armas cortas y armas largas e incluso, un cuartel. La fiscal nada. Esa miembro del ministerio público debió estar acompañada, -como los policías-, de chofer, escolta y arma. Tal y como lo ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional TC-135-20. Dice el más alto tribunal dominicano que: “Partiendo del fin perseguido por el legislador, consideramos que no incluir entre los beneficiarios de la Ley No. 631-16, a los jueces y miembros del Ministerio público viola el principio de igualdad.” Indica el tribunal que este cuerpo ha de tener derecho a un arma de por vida. Dada la cara labor que realizan y, como manera de poseer la dignidad de lugar para no sufrir ultrajes.
El hecho de que la opinión pública se encuentre dividida, mitad a mitad, ante el hecho de: ¿quién defiende la constitución, la fiscal o la policía?, dice mucho sobre nuestra civilidad. Necesitamos una policía profesional y respetuosa de la ciudadanía y del ministerio público. Siempre se ha dicho que los cuerpos armados deben obediencia al poder civil, en el caso que nos ocupa, no fue eso lo que vio el país. Una infracción de tránsito, una contravención, fue castigada con coacción de la libertad de tránsito y con agresiones físicas y verbales en instancia policial. Es decir, en violación al debido proceso. A pesar de ello, algunos piensan que quien fallo fue la fiscal.
No importó que se tratase de una patrulla en un polo turístico, donde, se supone, debe existir un cuerpo policial bien entrenado en civilidad, manejo de conflictos e inteligencia emocional, ¡erró la reforma policial! Simplemente, la Policía Nacional –con todo y su reforma policial a cuesta-, se quemó. ¿En qué situación se encontrará el país, si la fiscal hubiese sido una turista?
El evento ha desnudado al país y mostrado la falsedad de la existencia de una política pública, supuestamente, para lograr la independencia del Ministerio Público. Visto el hecho, resulta obvio que, lo que ha hecho dicha política es lograr la indigencia de los fiscales, salvo el área del PEPCA, quienes para cumplir su cara función, se ven obligados a andar en servicio en vehículos ajenos, sin placa, sin escolta, sin armas, sin defensa de ningún tipo. Este bochornoso acontecimiento, no debería repetirse, pero probablemente, se repetirá como en su momento, fue asesinado un fiscal cuando hacía una labor propia de su ministerio en el sector de Herrera y fue enviado allí en iguales condiciones que la fiscal, acompañado de verdugos llamados policías, igual a como aconteció con un fiscal honesto en Sosúa hace algunos años cuando aquel ministerio público encontró la muerte a manos de policías acompañados de personal de disciplina del procurador de entonces. Otros corrieron igual suerte de ultrajantes, al realizar un operativo antidrogas en una torre del perímetro central del Distrito Nacional, etc.
En los casos del pasado, un procurador de triste recordación por su ineptitud, consistió en dictar una resolución –al parecer todavía en vigor-, prohibiendo a los procuradores investigadores, desplazarse de sus despachos. Las muertes de género que la resolución de ese fiscal político ha ocasionado son innumerables. Esperamos que doña Miriam Germán reaccione a ello porque, de lo contrario, su gestión podría ser superada por acontecimientos como el que ahora comentamos. Ya la magistrada Jenny Berenice pecó infraganti a algunos de los agentes que le acompañaban en recientes operaciones en el Cibao central. Quizás debido a ello haya una actitud de represalia encubierta.
Doña Miriam Germán debe hacer un esfuerzo para ser recordada no solo por perseguir la corrupción, sino por dignificar la función de fiscal, de ministerio público. Los excesos policiales continuarán hasta que el órgano encargado de la investigación no sea un paria de policías sin formación. La policía judicial debe ser un hecho presente en todas las actuaciones del Ministerio Público y eso deben saberlo todos los policías. Es más, es difícil suponer que los policías actuantes no conocían a esa fiscal porque la ciudad de la romana está interconectada de diversas maneras con Higüey. De modo que, la investigación debe ser firme y la sanción ejemplar.
Los políticos que deben alguna popularidad a las acciones del Ministerio Público –supuestamente independiente-, tienen una deuda económica y moral con este órgano que, ojalá, salden a la mayor brevedad. No es posible hablar de independencia del ministerio público cuando se baja su presupuesto, al tiempo que se lucran de los resultados de las funciones de este. Es por ello que, afirmamos que, barbarie y civilización no es solo una obra que alude a la realidad de la república de Argentina de una época, es un presente agobiante para el ministerio público dominicano.
El silencio de la oposición ante el acontecimiento hace suponer que los líderes de los partidos políticos nacionales, de todos los colores y de todas las ideologías, temen al ministerio público y, sutilmente, hacen causa común con la barbarie policial contra fiscales. Es como plantea Michel Foucault, el poder se manifiesta de diversos modos, unas veces encubierto, pero en otras, a plena luz.
La Policía Nacional presta grande servicio a la nación pero, el primero de todos, debe ser el de manifestar respeto –aun cuando se equivoca-, por los poderes e instituciones del Estado de derecho. Sin actuaciones a pegadas a derecho, no puede hablarse de democracia, sino de Estado policial. Lo cual resulta inadmisible en la época presente y menos bajo la gestión de la magistrada Miriam Germán, quien, dicho sea de paso, se encuentra amenazada en cuanto a su integridad física y familiar, lo cual es mucho decir. De modo que, vaya nuestra solidaridad con el Ministerio Público y particularmente con la afectada de Higüey y su superior Miriam Germán. DLH-20-6-2023
