El mandatario emitió un decreto que designa a varios funcionarios y personalidades para que realicen el trabajo.
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional – El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha emitido un decreto 273-23 para establecer la Comisión Revisora de Contratos Relativos a la Disposición de Terrenos Propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Esta comisión tiene como objetivo revisar los contratos suscritos por el CEA que están pendientes de ser remitidos al Congreso Nacional y que fueron realizados antes de la entrada en vigencia del Decreto núm. 268-16, el cual prohíbe la venta de terrenos propiedad de ese organismo.
La comisión quedó integrada por Enriquillo Reyes (presidente), el director ejecutivo del CEA (vicepresidente), Yolanda de la Cruz Vargas (secretaria), así como por el director general del Catastro Nacional, Fidias Federico Aristy Payano, Francisco Torres, Fabio Alexandro Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez.
Es importante destacar que la participación en esta comisión se llevará a cabo de manera honorífica, sin que exista una contraprestación económica para sus miembros.
Según lo establecido en el decreto, el director ejecutivo del CEA será el encargado de proporcionar a la comisión la lista correspondiente a los contratos relacionados con la disposición de terrenos propiedad de ese organismo.
La Comisión Revisora de Contratos tendrá un plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para presentar un informe al presidente de la República. Dicho informe tiene como objetivo determinar qué jurídicas constituyen actos irreversibles, consumidos y realizados de buena fe, y pueden ser reconsideradas por el Estado dominicano.
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de Administración Pública, la Comisión cesará sus funciones una vez que se alcancen los objetivos para los cuales fue creado.
El decreto emitido por el presidente Abinader ha sido enviado a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.
El preámbulo del decreto citado enfatiza el interés de la Presidencia en determinar la legitimidad y legalidad de estos contratos antes de su remisión al Congreso Nacional para fines aprobatorios, a la vez que procura satisfacer los derechos adquiridos por aquellos adquirientes de buena fe.
