Desarrollará un proceso de observación con objetivo supervisar la actuación de todos los actores involucrados en el proceso electoral.
Participación Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional en la República Dominicana, ha anunciado el inicio de su duodécima observación electoral en sus treinta años de trabajo en temas electorales con motivo de las próximas elecciones de febrero y mayo del 2024.
El movimiento cívico no partidista indica en un comunicado que desarrollará diversas actividades realizadas por su equipo técnico y voluntarios, así como mediante informes periódicos generados sobre el proceso electoral.
Explica que su proceso de observación tiene como objetivo supervisar la actuación de todos los actores involucrados en el proceso electoral, desde la precampaña hasta la selección de candidatos, la campaña electoral, el día de las elecciones municipales y las elecciones presidenciales y congresuales.
También prestará atención a la observación posterior a las elecciones, a la actividad del Tribunal Superior Electoral y a la implementación de mejoras en el régimen electoral basadas en experiencias anteriores.
El movimiento dice que espera que las autoridades, como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, así como los participantes en las elecciones, cumplan con su deber.
El plan de observación de Participación Ciudadana incluye el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones legales, resoluciones y regulaciones que rigen el ámbito electoral. Además, se hará un seguimiento del Calendario de Actividades Administrativas y Plazos Legales establecido por la Junta Central Electoral para las elecciones del próximo año.
Durante los días de las elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales, los voluntarios de Participación Ciudadana llevarán a cabo una observación cualitativa para verificar que la logística electoral funcione según lo previsto por el máximo órgano electoral.
En su primer informe, Participación Ciudadana señala la campaña a destiempo, donde la mayoría de los partidos políticos iniciaron sus actividades antes de la fecha permitida, violando las disposiciones legales.
Indica que a pesar de las sanciones establecidas, la Junta Central Electoral no aplicó las consecuencias correspondientes, lo que genera impunidad y altos costos para el país.
Otro aspecto que destacan es la posibilidad de alianzas sin límites decididas por las convenciones de delegados de los partidos, lo que afecta el principio de democracia interna que establece la Constitución. Participación Ciudadana señala la necesidad de limitar las alianzas y colocar este tema en la agenda legislativa.
También se aborda el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad. A pesar de avances anteriores, la aprobación de la Ley 20-23 estableció una proporción de candidaturas basada en la propuesta nacional, lo cual contradice las sentencias de los tribunales y el principio de progresividad de los derechos. Esta disposición legal inconstitucional ha sido objeto de una acción directa de inconstitucionalidad y se espera la decisión del Tribunal Constitucional al respecto.
La Junta Central Electoral ha emitido una resolución en la que expresa su decisión de no aplicar la nueva ley y seguir calculando la proporción de género sobre cada demarcación electoral, basándose en las decisiones de los tribunales y en el respeto a la Constitución.
Participación Ciudadana seguirá de cerca la decisión del Tribunal Constitucional y recomienda a los partidos políticos acogerse a lo ya decidido por los tribunales competentes y por la Junta Central Electoral, a fin de evitar tener que modificar sus listas de candidaturas.
Expresa que en su labor de observación electoral, tiene como objetivo fortalecer el régimen de consecuencias y garantizar elecciones libres y equitativas en la República Dominicana prestarán especial atención a la conformación y actividades de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, creada por la nueva Ley de Régimen Electoral.
Al respecto detalla que la Junta Central Electoral ha aprobado un Reglamento para establecer un procedimiento administrativo sancionador electoral y ha puesto en marcha la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones. Estas acciones buscan reducir la impunidad en las violaciones electorales y promover la aplicación del régimen de consecuencias.
Otro aspecto que aborda el grupo es el alto costo de las elecciones dominicanas, que se sitúa entre los más elevados de la región. Participación Ciudadana destaca la necesidad de limitar las precampañas y campañas electorales, así como de controlar el gasto electoral por parte de autoridades, partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La transparencia financiera, tanto en los ingresos como en los gastos, es fundamental para evitar el ingreso de dinero ilícito y prevenir la corrupción.
La Junta Central Electoral ha fortalecido la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que ahora es una dirección permanente. Esta unidad trabajará no solo en años electorales, sino de forma continua, ya que los partidos reciben fondos públicos anualmente.
Dentro del plan de observación electoral, Participación Ciudadana se enfocará en el cumplimiento del Calendario Electoral, incluyendo la obligación de los partidos de informar sobre sus ingresos y gastos. También se verificará el cumplimiento de la transparencia por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tanto ante la Dirección Especializada de Control Financiero como ante la ciudadanía en general.
Otro punto destacado es evitar el uso de los recursos del Estado en la precampaña y campaña electoral, que suele realizarse de forma encubierta. Participación Ciudadana denuncia el uso de publicidad gubernamental con fines proselitistas y propone soluciones, como que altos funcionarios públicos soliciten licencia de sus obligaciones públicas para dedicarse a las tareas electorales en sus partidos, evitando conflictos de intereses.
