La jueza envió a juicio a todos los imputados en los casos de presunta corrupción contra fondos públicos.
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – El fiscal adjunto Wilson Camacho calificó la decisión de un tribunal de aceptar más de 3.200 pruebas aportadas por los fiscales y enviar a juicio a los acusados como "una victoria rotunda" contra la corrupción y la impunidad. El Juzgado Sexto de Instrucción del Distrito Nacional dispuso enviar a juicio al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), junto con otros miembros de la red de corrupción.
"El tribunal rechazó todas las pretensiones de las defensas y envió a juicio a todos los imputados presentados por el Ministerio Público.
Acogió plenamente las calificaciones legales presentadas por el Ministerio Público sobre estos hechos y también aceptó aproximadamente el 99,99 por ciento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, ", dijo Camacho en respuesta a los periodistas después de salir de la cancha.
"Hasta el momento, el 100 por ciento de los imputados procesados por el Ministerio Público han sido enviados a juicio en todos los casos a los que hemos asistido a audiencia preliminar", agregó, como muestra innegable de la solidez de los procesos llevados por el Ministerio Público.
"En este caso hubo tres empresas que no fueron representadas, y el tribunal fijará nueva fecha para conocer la audiencia preliminar. Sin embargo, el resto de los imputados han sido enviados a juicio en su totalidad", afirmó.
"La forma más fácil de evaluar un proceso en cualquier caso es a través de la prueba. Hemos dicho que superamos la carga de la prueba en estos casos, y lo hicimos una vez más, por lo que el tribunal aceptó más de 3.200 pruebas presentadas por el Ministerio Público", enfatizó.
La decisión la tomó la jueza Yanibet Rivas Méndez durante una audiencia de seis horas en la que analizó la prueba documental, pericial y testimonial presentada por el Ministerio Público para llegar a un veredicto que afectó a los 29 implicados en el caso.
El juez también abrió juicio contra 15 personas jurídicas implicadas en esta acusación y pospuso la audiencia preliminar para SOS Carretera SRL, SSA Corporation SRL, Meijo Comercial, EIRL y Optumus EIRL
En representación del Ministerio Público en el proceso judicial estuvieron el Fiscal Adjunto Wilson Camacho, la Fiscal de Tribunales y Coordinadora de Litigios de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Jonathan Elías Pérez, Emmanuel Ramírez, Melbin Romero, Marinel Brea, Arolin Lemos y Miguel Collado.
Junto a Cáceres Silvestre y Torres Robiu fueron enviados a juicio Alejandro Montero, Boanerges Reyes, Carlos Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez , José Rosario Pirón, Julio de los Santos Viola, Kelman Santana, Lucía de los Santos Viola, Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los Santos, Pedro Castillo Nolasco, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón, Rossy Guzmán, Santiago Suárez, Tanner Flete Guzmán, Yehudy Guzmán Alcántara, and Raymel Del Rosario Viola.
Las personas jurídicas implicadas en el caso incluyen Randa Internacional Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, SOS Carretera, SSA Corporation, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF, Distribuidora TAFL , Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Meijo Comercial, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV Agroindustrial, Optumus EIRL y RyF Agroindustrial.
El tribunal reconoció el derecho del Ministerio Público a dar nombre a sus operaciones contra las redes de corrupción administrativa y, por ello, rechazó la oposición presentada por algunas defensas.
La lectura completa del veredicto está prevista para el 21 de agosto a las 10:00 horas. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público solicitó que los imputados sean enviados a juicio. El 26 de junio, el juzgado fijó la fecha de lectura del veredicto para este lunes 10 de julio.
A los imputados se les impusieron diversas medidas coercitivas, entre ellas 18 meses de prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público demostrara su participación en los hechos de corrupción, por lo que se declaró compleja la causa.
La fiscalía presentó cargos contra 48 personas en este caso, incluidas 30 personas físicas y 18 personas jurídicas acusadas de defraudar al Estado dominicano por más de 4 mil millones de pesos.
Los involucrados en el esquema de corrupción operaron en perjuicio de la Cusep, Cestur y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los cargos que enfrentan incluyen asociación para delinquir, defraudación contra el Estado dominicano, colusión de funcionarios, falsificación de documento público y lavado de dinero, entre otros delitos penales.
