Los cambios buscan dar mayor autoridad y claridad en la gestión a la presidencia de la Cámara de Cuentas y eliminar la rotación de esta cada dos años.
Sin votos ni ley para el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas se imponen otros caminos para que el órgano concluya su mandato de cuatro años con menos tropiezos y mejores notas.
El informe en el que señalan supuestas faltas graves individualizadas y grupales, aprobado con mayoría precaria por la comisión investigadora de diputados, parece que se estrellará en el pleno por el rechazo de los principales bloques opositores.
El ruido de los “hallazgos” habría provocado ablandamientos para explorar espacios de concertación, además de los ajustes en la ley que regula al instrumento de control, aunque en una reciente sesión que conocía el proyecto reformador los senadores dejaron caer el cuórum.
Los cambios buscan dar mayor autoridad y claridad en la gestión a la presidencia de la Cámara de Cuentas y eliminar la rotación de esta cada dos años.
Las reacciones de algunos de los miembros evidencian resistencia a renunciar a sus posiciones, pero muestran fisuras en uno de los dos compactados bloques.
El cambio de la correlación de fuerzas lubricaría el ejercicio de la responsabilidad constitucional del órgano, hasta ahora deficiente.
“Se pelea en Vietnam y se negocia en París”, es lo acontece en el nuevo escenario, al mantenerse las rudezas en el escenario del pleno de la Cámara de Diputados, pero adelantar algunas conversaciones políticas que destraben el funcionamiento del órgano.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría desgastarse en la búsqueda de votos para pasar el juicio político y enajenarse votos para otros temas vitales y estratégicos.
El partido de gobierno desea avanzar en su agenda anticorrupción, pero la aceptación del juicio político por el plenario, provoca el inmediato cese de la Cámara de Cuentas.
El artículo 83 de la Constitución establece que “la persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación”.
Imaginemos semejante escenario, en medio de un escarceo sobre alegada imposición del poder oficial y supuestas violaciones constitucionales por la falta de una ley que norme el juicio político.
Habría miembros en camino al Tribunal Constitucional, mientras se cuelga el letrero de “cerrado” a la entrada del edificio de la Cámara de Cuentas.
Se agrega la discusión en torno a la posibilidad de validar como opciones a los propuestos en las ternas del proceso último o recibir nuevas inscripciones para entrevistas con los diferentes plazos que ameritan.
También la polémica sobre el período de permanencia de los nuevos miembros que serían escogidos. Desorden mayúsculo en medio de un proceso electoral.
¿Quiénes se atreverían a inscribirse en medio de semejante rebú? ¿Qué confianza generaría el proceso? ¿Cómo provocar mínimos consensos?
Si se trata de rescatar la credibilidad del órgano sería el peor de los escenarios y es evidente que fallaría el intento.
Supongo marchas y comunicados en favor y contra del proceso, en medio de las peores y ensordecedoras acusaciones de los miles de aspirantes de los diferentes partidos. Y claro, miembros de y grupos de la sociedad civil ocuparan espacios en los medios de comunicación.
El evidente que el menos gravoso de los caminos es el entendimiento mínimo para que funcione la cámara, aunque los miembros de los reordenados dos bloques no se hablen ni se miren a la cara.
Una inyección de inteligencia emocional y un esfuerzo de madurez, porque lo relativo a los intereses vinculados a personas y grupos vinculados en casos de corrupción sería mucho pedir.
Y que valga la experiencia para los futuros procesos de selección de miembros de órganos colegiados. No basta la pericia técnica.
