Director del PEPCA disgustado por medida de coerción en "Desfalco Ministerio de Agricultura".

Camacho señaló que los imputados carecían de arraigo, lo que justificaba la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reaccionó ante la medida de coerción impuesta a Julio Enrique Domínguez y Antonio José Paredes Elizondo, imputados en el caso "Desfalco Ministerio de Agricultura". 

Camacho afirmó que la corrupción es inaceptable sin importar el monto robado del erario, destacando la fortaleza de la investigación del órgano acusador.

El procurador adjunto informó que el Ministerio Público presentó más de 100 medios de pruebas ante el tribunal, incluyendo la admisión de los imputados y testimonios de personas que recibieron transferencias de dinero relacionadas con el principal acusado. 

También se presentaron evidencias obtenidas durante los allanamientos y documentación financiera obtenida con autorización judicial.

Camacho señaló que los imputados carecían de arraigo, lo que justificaba una medida de coerción diferente a la impuesta, como la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

El tribunal estableció una garantía económica de 500 mil pesos para los imputados, junto con la presentación periódica y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Camacho reiteró el compromiso del Ministerio Público en perseguir la corrupción en todas sus manifestaciones, sin importar si los montos son pequeños, medianos o grandes. 

Destacó que la responsabilidad del órgano acusador es asegurar que no haya impunidad y que ningún delincuente escape de la justicia.

El Ministerio Público acusó a Domínguez Solano de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores, además de violación a leyes relacionadas con crímenes y delitos de alta tecnología y control de armas.

En cuanto a Antonio José Paredes Elizondo, enfrenta cargos por violación a la Constitución de República, así como artículos del Código Penal y la Ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incluyendo coautoría en conductas delictivas.