Espera que la corte acoja su recurso de apelación y dicte apertura a juicio contra todos los acusados
El Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en contra del auto de no ha lugar dictado en el caso de Los Tres Brazos.
El órgano persecutor se mostró confiado en que el tribunal revocará la decisión y se abrirá un juicio contra los acusados.
El exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había dictado el auto de no ha lugar a favor de Leoncio Almánzar y otros 16 acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.
Se recuerda que ese exjuez había sido destituido debido a irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que el caso de corrupción debe ser discutido en un juicio y que la decisión de apelar se basa en la injusticia y violación del debido proceso demostradas ante el tribunal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también presentará su recurso de apelación la próxima semana, seguido por las réplicas de los imputados a los recursos de apelación.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional inició el proceso para conocer el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás ordenaron la audiencia para revisar el caso.
Los fiscales de la Pepca establecieron que los acusados enajenaban propiedades del Estado dominicano y obligaban a los residentes del sector de Santo Domingo Este a comprar esos terrenos donde habían vivido durante décadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también presentará su recurso de apelación la próxima semana, seguido por las réplicas de los imputados a los recursos de apelación.
La próxima audiencia fue fijada para el viernes 04 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Tras la emisión del auto de no ha lugar, el fiscal José Miguel Marmolejos calificó la decisión como "completamente divorciada" del Derecho y alejada de las pruebas presentadas ante el tribunal.
Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
