Ministerio Público deposita solicitud de medida de coerción contra las 12 personas arrestadas como parte de la Operación Gavilán.
Personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales, como parte de los beneficiarios de la red desmantelada con la Operación Gavilán que durante años se encargaba a cambio de sobornos, eliminar antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro.
El comunicado del Ministerio Público no cita por su nombre los presos favorecidos por la red,pero sí indica que Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.
La información se conoció luego de que el Ministerio Público depositara este miércoles ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra las 12 personas arrestadas como parte de la Operación Gavilán.
La Operación Gavilán también tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Con la operación queda desmantelada una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional dedicada durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
Los fiscales que lideran la operación contra la red asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo y solicitaron la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona.
También se vincula al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Los fiscales que investigaron y desmantelaron la red contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.
Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violacion a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
