SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha aplazado el inicio del nuevo juicio contra los acusados de recibir sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser beneficiarios como suplidora de ocho aviones Super Tucano. La audiencia, que estaba programada para hoy, ha sido pospuesta hasta el próximo jueves 17 de agosto.
El tribunal, conformado por los jueces Arisleida Méndez, Keila Pérez Santana y Elías Santini, estableció este nuevo plazo para el juicio después de que tanto el Ministerio Público como los abogados de defensa expresaran la necesidad de estudiar los recursos interpuestos por ambas partes.
El procurador fiscal José Miguel Marmolejos informó a los periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que el tribunal notificó a las partes sobre su decisión en torno a varios incidentes planteados durante el proceso. Explicó que, de acuerdo con la ley, las partes deben tomar conocimiento de estas decisiones y presentar sus respuestas en los próximos días.
Además del aplazamiento para el 17 de agosto, el tribunal también ha establecido que el proceso continuará los días 21 y 28 de agosto.
El nuevo juicio involucra al alcalde general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); el empresario Daniel Aquino Hernández; así como las firmas 4D Business Group y Magycor. Este juicio se llevará a cabo después de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera la solicitud del Ministerio Público y anulara en todas sus partes la sentencia emitida el 30 de septiembre del año 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado.
El Ministerio Público acusa a los procesados de recibir sobornos por parte de Embraer para ser seleccionados como la proveedora de los ocho aviones de combate Super Tucano en el año 2007. Los acusados están señalados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448- 06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Durante el juicio anterior, el Ministerio Público solicitó al tribunal una pena de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por los delitos que les fueron atribuidos. Además, se solicitó el pago de una multa de US$7 millones para cada uno de ellos, así como una multa de 100 salarios mínimos para cada una de las compañías involucradas.
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