Cinco imputados reciben prisión preventiva por alteración de registros penales
SANTO DOMINGO, República Dominicana – En una decisión que refleja la gravedad de la situación, un juez ha declarado el caso de la Operación Gavilán como complejo y ha impuesto una medida de prisión preventiva por 18 meses a cinco de los imputados involucrados en la red que presuntamente borró y alteró registros de antecedentes penales de más de 16,000 personas.
La operación, que fue desmantelada la semana pasada, ha revelado una trama que involucra a fiscales, empleados administrativos y policías.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, afirmó que se han presentado pruebas sólidas que respaldan la necesidad de una medida tan drástica.
"El Ministerio Público había solicitado, en audiencia, cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16,000 casos en la base de datos del Ministerio Público", explicó Reynoso, subrayando la magnitud del delito.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la seriedad de los cargos presentados y el impacto que las acciones de la red criminal han tenido en el sistema de justicia y en la sociedad en su conjunto.
El proceso judicial ha dejado en evidencia una red criminal que operaba en colaboración con fiscales, empleados administrativos y policías, todos involucrados en la eliminación y alteración de antecedentes penales a cambio de sobornos.
La operación, que fue desmantelada la semana pasada, ha revelado una trama que involucra a fiscales, empleados administrativos y policías.
Siete de los 12 imputados en el caso admitieron su participación en los hechos y acordaron medidas de coerción con el Ministerio Público, mientras que el resto enfrenta una variedad de medidas, desde prisión domiciliaria hasta impedimento de salida del país y presentación periódica.
El impacto de las acciones de esta red criminal es sorprendente. Se ha revelado que individuos con condenas de hasta 30 años de prisión aparecían sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Entre los beneficiarios de esta manipulación de antecedentes se encuentran sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales y personas involucradas en diversos delitos graves.
La Operación Gavilán fue llevada a cabo por un equipo conjunto de fiscales, unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Durante los allanamientos realizados por esas agencias en diversas localidades, se encontraron pruebas significativas, como dispositivos electrónicos, transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
