El comunicado emitido por la JCE ha generado controversia al exigir ciertas actividades políticas.
Santo Domingo – En una acción conjunta, los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) se presentaron hoy en la Junta Central Electoral (JCE) para solicitar la desestimación y revocación del Comunicado de Admonición, publicado el 10 de agosto, que limita las actividades de campaña de los partidos políticos.
El comunicado emitido por la JCE ha generado controversia al exigir ciertas actividades políticas, lo que llevó a los partidos a presentar una oposición formal en base a argumentos constitucionales. Los partidos señalaron que las prohibiciones establecidas en el comunicado vulneran derechos fundamentales y contradicen decisiones previas emitidas por el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional.
En su pronunciamiento, los partidos recalcaron que la celebración de eventos multitudinarios, como mítines, marchas y caravanas, representa una expresión de la libertad de reunión y la libertad de expresión, derechos respaldados por la Constitución Dominicana. Argumentaron que cualquier restricción a estos derechos debe estar sujeto a las normas legales y ser necesario en una sociedad democrática para salvar la seguridad nacional, el orden público y los derechos de los demás.
Para respaldar sus argumentos, los partidos citaron decisiones de las Altas Cortes, incluida una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales ciertas restricciones a la libertad de expresión en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. También citaron un fallo del Tribunal Superior Administrativo que cuestionó la prohibición de utilizar vallas y pancartas en espacios públicos durante la precampaña electoral, considerándola discriminatoria.
En relación a la retención de fondos, los partidos hicieron referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó ciertas disposiciones de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que restringieron esta medida, con base en principios constitucionales sobre la personalidad de la pena y la responsabilidad penal.
