Condenan a alcalde puertorriqueño por corrupción y sobornos

Juez impone tres años de cárcel a alcalde del municipio de Humacao

En un nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, el exalcalde Reinaldo Vargas-Rodríguez ha sido condenado a 37 meses de prisión por el juez federal Pedro Delgado, perteneciente al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico. 

El antiguo líder del municipio de Humacao, en la región oriental de la isla, enfrentaba cargos de corrupción que involucraban esquemas ilegales con las empresas JR Asphalt y Waste Collections, a las que otorgó contratos a cambio de sobornos mensuales, según la agencia Prensa Latina.

Vargas Rodríguez, de 49 años, comenzó su esquema corrupto poco después de asumir su cargo como alcalde. Recibió en efectivo un total de 27 mil dólares entre enero y abril de 2021. 

El ex alcalde fue arrestado el 5 de mayo de 2022 por las autoridades federales en Puerto Rico, luego de que un gran jurado emitiera acusaciones en su contra por tres cargos.

El juez federal Pedro Delgado determinó dejar al exalcalde en libertad sin fianza, con la condición de que se entregue en la prisión que se le asigne en el estado de Florida.

Además de la condena de 37 meses de cárcel, Vargas Rodríguez deberá cumplir dos años de libertad supervisada, realizar 150 horas de labor comunitaria y reembolsar la suma de 27 mil dólares replica la referida agencia de prensa.

El acuerdo de culpabilidad implicó la retirada de dos de los cargos que enfrentaba: complicidad y tentativa de soborno con fondos de programas federales y extorsión.

Reinaldo Vargas-Rodríguez se une a la lista de al menos cinco alcaldes puertorriqueños arrestados por las autoridades federales desde 2019. Estos arrestos forman parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar esquemas de corrupción entre funcionarios públicos y empresarios que buscan apropiarse indebidamente de fondos públicos a través de contratos inflados.

El caso de Vargas-Rodríguez resalta la importancia de combatir la corrupción en todas sus formas y asegurar que los funcionarios públicos actúen en beneficio de la comunidad en lugar de abusar de su posición para enriquecimiento personal.