Mirna Ortiz por de ejemplo el permiso otorgado a ex procurador general Jean Alain Rodríguez.
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – La procuradora de corte Mirna Ortiz expresó el jueves su preocupación sobre el supuesto privilegio otorgado a los imputados involucrados en grandes procesos judiciales en el país. Esto surge después de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional concedió un permiso parcial al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez para que asista a su oficina de abogados privados.
El exprocurador Rodríguez Sánchez es el principal acusado en la Operación Medusa, un caso que involucra a 41 individuos y 22 empresas acusados de una variedad de delitos, como prevaricación, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. La procuradora Ortiz resaltó que si bien se respetan las decisiones de los tribunales, existe una discrepancia en la manera en que se aplican los derechos de los imputados en casos de alta relevancia.
El tribunal emitió un permiso de dos días para que Rodríguez Sánchez pueda asistir a su oficina de abogados los miércoles y jueves, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Esto generó un debate en torno a la igualdad ante la ley y si otros ciudadanos sometidos a procesos judiciales tendrían el mismo tratamiento. La procuradora cuestionó si todos los ciudadanos en procesos judiciales recibirían este tipo de privilegio.
El magistrado Luis Jiménez, presidente de la sala, especificó que el permiso se limita a su oficina privada de abogados. El tribunal estuvo compuesto también por Rosalba Garib y Delio Germán. La representación del Ministerio Público en el caso inclusión al procurador adjunto titular Pepca, Wilson Camacho, y al fiscal litigante Emmanuel Ramírez.
La Operación Medusa, que consta de un extenso expediente de más de 12 mil páginas, acusa a múltiples personas, incluyendo a exfuncionarios y directivos, de una serie de delitos graves. Jean Alain Rodríguez Sánchez, junto con otros acusados, enfrenta medidas de coerción que incluyen prisión domiciliaria y el uso de una grillete electrónica.
La controversia en torno a los privilegios otorgados a imputados en casos de gran envergadura sigue siendo un tema de debate en el sistema judicial de República Dominicana. La procuradora Mirna Ortiz concluye que, aunque respetan las decisiones de los tribunales, es importante analizar cómo se aplican los derechos en casos similares en busca de una mayor equidad.
