El Tribunal encontró méritos suficientes para aplicar medidas de coerción a los 25 imputados y declarar el caso complejo
SANTIAGO (República Dominicana).-El Ministerio Público ha logrado demostrar la gravedad de las acusaciones contra 25 individuos acusados de estafas transnacionales y delitos cibernéticos en el marco de la Operación Discovery 2.0.
La solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público fue respaldada por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien consideró que había méritos suficientes y declaró el proceso como complejo.
Siguiendo esta solicitud y debido a la robustez de la investigación, el juez José Rafael D’ Asís ordenó la prisión preventiva por 12 meses para varias personas, incluidas Juan Rafael Parra Arias, Ramón Esterling Polanco Leclerc (CCR-Rafey); Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy William Urtarte (CCR-Vista al Valle), Leslie Agnes Succart González (CCR-Rafey Mujeres), entre otros.
A la acusada Arlin Josefina Rosa Rosario se le impuso arresto domiciliario debido a una condición de salud certificada, además de garantía económica, prohibición de salida del país y presentación mensual.
El juez también estableció garantías económicas, prohibición de salida del país y presentación periódica para otros acusados, como Mélquido Rojas Arias, Glorisel Martínez Peralta, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, entre otros.
El tribunal concedió al Ministerio Público ocho meses para presentar sus argumentos finales y, tras evaluar todas las circunstancias, declaró que el proceso es complejo.
Warlyn Alberto Tavárez, fiscal del Ministerio Público, resaltó la solidez de la investigación y mencionó que varios acusados habían admitido su culpabilidad. Subrayó que estos individuos empleaban diversas tácticas engañosas para despojar a las víctimas de sus recursos económicos.
Sobre el caso
Esta red criminal, culpable de diversos delitos electrónicos como estafa, intimidación y suplantación de identidad, fue desarticulada después de más de un año de investigación y cooperación entre el Ministerio Público, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
Además del impacto económico a cientos de personas mayores en los Estados Unidos que fueron estafadas de millones de dólares, estos crímenes afectan la imagen de la República Dominicana, perjudican el turismo -fundamental para la economía nacional-, dañan las relaciones internacionales y amenazan la estabilidad de las familias afectadas por la pérdida de sus recursos.
El órgano persecutor mencionó que uno de los acusados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, fue deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por violar la legislación de ese país.
La Fiscalía llevó a cabo esta investigación contra ciberdelincuentes propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas clandestinos. La Operación Discovery 2.0 involucró a más de 26 fiscales, más de 230 agentes de la Policía Nacional y técnicos especializados en alta tecnología, coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
