Un reparto muy mal repartido

Las pensiones del 100% del último salario reducen las pensiones solidarias

Por Arismendi Díaz Santana

Nuestra Fundación insiste en la necesidad y urgencia de una reforma integral de la política previsional y los planes de retiro para eliminar los privilegios, reducir las brechas existentes entre las pensiones, multiplicar las pensiones solidarias y garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos

El presidente Luis Abinader mediante el Decreto No. 368-23 del 15 de agosto otorgó una pensión por vejez y discapacidad de RD$6,000.00 mensual, a 1,799 personas de escasos recursos, con cargo al fondo "Pensiones Solidarias", que administra la Dirección de General de Pensiones y Jubilaciones.  

Esta decisión es plausible de acuerdo a los Art. 63 y 64 de la Ley 87-01 de Seguridad Social, que disponen la entrega de pensiones no contributivas a todos los pobres e indigentes mayores de 65 años. Se trata de una pensión de subsistencia, ya que su monto apenas cubre la quinta parte del costo de la vida de este segmento de la población.  

Este monto contrasta notablemente con las pensiones otorgadas, incluso a personas influyentes que nunca cotizaron porque no ejercieron una función pública. En las redes sociales se critica la ostensible brecha entre ambas pensiones, porque acentúa las desigualdades sociales y desvirtúa la lucha contra la pobreza y la indigencia.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) apoya este decreto presidencial, pero al mismo tiempo demanda más pensiones solidarias, habida cuenta de que, a 20 años de vigencia de la Ley de Seguridad Social, todavía los beneficiarios apenas representan una décima parte de los dominicanos que califican.

Este monto contrasta notablemente con las pensiones otorgadas, incluso a personas influyentes que nunca cotizaron porque no ejercieron una función pública.

Ante esta preocupante realidad, se impone revisar la Ley 379-81, a fin de reducir las enormes diferencias entre las pensiones del sistema de reparto público. Como demostramos hace unas semanas, esta Ley, con 40 años de vigencia, está totalmente desfasada, penalizando a los grupos más pobres y vulnerables.

La mayoría de las naciones han realizado ajustes importantes a fin de que el Estado pueda cumplir con el pago de las pensiones contributivas y de las pensiones solidarias. Por presiones gremiales conocidas, nuestro país es de los pocos en la región que todavía otorga pensiones del 100% y basadas en el último salario.

Las pensiones del 100% del último salario reducen las pensiones solidarias

Dado que siempre los recursos públicos son limitados, la concesión de pensiones del 100% reduce el fondo estatal para las pensiones no contributivas, destinadas a mitigar la pobreza y la indigencia. Obviamente, se trata de un privilegio que acentúa las exclusiones y reduce la solidaridad social.    

En adición, el cálculo de la pensión basado en el salario del último año, también ha sido eliminado por la gran mayoría de los países. Con ello se eliminan trucos que elevan las pensiones, agudizando la falta de correspondencia entre el fondo acumulado y el costo creciente de la vejez. Ambas reformas deben aplicarse en forma gradual.

Por ejemplo, en las fuerzas armadas se asciende de rango antes de otorgar la pensión. Maestros y profesores duplican las tandas y secciones antes de pensionarse para duplicar su pensión. Servidores públicos con influencia logran altas posiciones para pensionarse con el último salario. Congresistas se pensionan con sólo dos períodos electivos. Se trata de un reparto muy mal repartido, que innecesariamente multiplica el costo fiscal.

En las fuerzas armadas se asciende de rango antes de otorgar la pensión. Maestros y profesores duplican las tandas y secciones antes de pensionarse para duplicar su pensión.

Por esa razones, en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, el monto de la pensión se calcula basado en el promedio de los salarios de varios años del afiliado. En Guatemala, los últimos 5 años; en Colombia y Argentina, los últimos 10 años, y en Costa Rica, los últimos 20 años, para solo citar unos países conocidos.

Con este cambio se impide que minorías utilicen su influencia y capacidad de presión para obtener jubilaciones desproporcionadas, provocando desequilibrios financieros que generan déficits fiscales interminables. Estos privilegios recaen en los grupos de presión y los funcionarios con posiciones políticas y burocráticas importantes.

La FSSPT insiste en la necesidad y urgencia de una reforma integral de la política previsional y de los planes de retiro, para eliminar los privilegios, reducir las brechas entre las pensiones, multiplicar  las pensiones solidarias y garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos. ADS/500/24/08/2023