Ratifican Prisión Domiciliaria para dos que solicitaron variación de medidas de coerción
En una nueva vuelta de los acontecimientos, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha decidido aplazar por tercera vez el inicio del juicio en contra de Juan Alexis Medina Sánchez y otros coacusados por corrupción.
La audiencia que dará inicio al juicio ha sido reprogramada para el próximo 11 de septiembre, con horario de inicio a las 9:00 de la mañana.
El tribunal, conformado por las juezas Claribel Nivar (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, ha tomado esta decisión en respuesta al pedido de una de las defensas, que argumentó no estar al tanto de las imputaciones presentadas por la acusación.
Además de este aplazamiento, el tribunal también tomó otra decisión relevante. Atendiendo a la solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, se rechazó la petición de reposición hecha por el abogado defensor del acusado José Dolores Santana.
Ratifican Prisión Domiciliaria para acusados de corrupción
En respuesta a la solicitud presentada por el Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha confirmado la medida de coerción de prisión domiciliaria impuesta a Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Aquilino Rosa Rosa.
Ambos individuos enfrentan acusaciones de corrupción administrativa en relación con el entramado liderado por Juan Alexis Medina Sánchez.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, quien también es la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la medida de arresto domiciliario fue ratificada debido a la constancia de que los fundamentos que llevaron a la imposición de esta medida no han experimentado cambios.
Ortiz explicó que, en concordancia con la petición del Ministerio Público, se mantendrá el arresto domiciliario para ambos acusados.
Ortiz mencionó que en el caso de Fernando Rosa, se ha procedido a sustituir el localizador electrónico que tenía asignado, debido a dificultades económicas para mantener dicho dispositivo.
Tras la ratificación de la medida de coerción, Mirna Ortiz ofreció declaraciones a los periodistas que cubrían la fuente judicial. La procuradora de corte informó que, durante la mañana, se intentó llevar a cabo el juicio de este proceso; sin embargo, problemas relacionados con la defensa de la imputada Libni condujeron a la suspensión de la audiencia.
Ortiz dijo que la audiencia ha sido reprogramada para el día 11 de septiembre. Expresó su confianza en que, a partir del día señalado, el proceso se desarrollará con normalidad y se obtendrán las condenas ejemplares que el Ministerio Público está solicitando.
En la audiencia, las defensas de Medina Sánchez y Rosa Rosa solicitaron a la jueza Claribel Nivar el levantamiento de la prisión domiciliaria impuesta a los dos acusados, solicitud que fue denegada. Durante el mismo evento, la magistrada aceptó la solicitud de retirar el localizador electrónico a Fernando Rosa Rosa.
La presidenta del tribunal señaló que los argumentos presentados por las defensas carecen de relevancia en esta etapa procesal del caso.
Carmen Magalys Medina y Fernando Rosa Rosa son parte, según las acusaciones, de una trama de corrupción que resultó en la desviación de fondos públicos, malversación de recursos y lavado de activos.
Además de Mirna Ortiz, la representación del órgano persecutor en la audiencia estuvo a cargo de los fiscales litigantes Elizabeth Paredes, Yoneiby González y Héctor García.
Sobre el caso de corrupción
Entre los acusados en este caso se encuentran Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas, su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero, entre otros.
El expediente sostiene que Juan Alexis Medina Sánchez, aprovechando su posición como hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez, habría orquestado un entramado societario y empleado tráfico de influencias para llevar a cabo una serie de acciones fraudulentas en asociación con funcionarios. Se le atribuye haber obtenido de manera fraudulenta obras, bienes y servicios estatales, operando bajo la premisa de una organización criminal.
Las imputaciones presentadas contra los acusados abarcan una serie de delitos, entre ellos asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos, entre otros.
Este caso también involucra acusaciones de coalición de funcionarios, concusión, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y uso de prestanombres y testaferros. Las múltiples acusaciones presentadas señalan la complejidad y magnitud del presunto esquema de corrupción en el que se ven envueltos los acusados.
