Defensa Pública dice que ha bajado la población carcelaria, no así la prisión preventiva.

En adultos se ha registrado un aumento del 10% en la imposición de prisión preventiva y de un 11% en el caso de Niños, Niñas y Adolescentes

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha informado que la población carcelaria ha disminuido, pero esto se debe principalmente a la liberación de privados de libertad por diversas razones, como el cumplimiento de penas, variación de medidas de coerción y fallecimientos.

Indica que, sin embargo, las solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público no han disminuido y se mantienen como regla general, a pesar de que la Constitución y el Código Procesal Penal establecen que la prisión preventiva debe ser excepcional.

La ONDP sostiene que en la práctica, ha habido un aumento significativo en la imposición de la prisión preventiva en el país. En el caso de Niños, Niñas y Adolescentes, el aumento es del 11%. Estos datos respaldan la afirmación de un incremento en la medida de coerción.

En el caso de los adultos la Defensa Pública maneja que la mayoría de los casos penales a nivel nacional ha registrado un aumento del 10% en la imposición de prisión preventiva en comparación con el año anterior. 

A pesar de los esfuerzos del Poder Judicial y la Procuraduría General para promover una justicia más humana, restaurativa y accesible, algunos jueces y fiscales continúan optando por la prisión preventiva como la solución predeterminada. 

La cuestión de la prisión preventiva es motivo de preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. 

Considera que esto puede deberse a la falta de capacitación y competencias en mediación y conciliación, lo que lleva a un enfoque punitivo en lugar de uno restaurativo.

La cuestión de la prisión preventiva es motivo de preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. 

A pesar de los cambios en el sistema judicial y penitenciario, no se ha logrado abordar de manera efectiva el problema de los presos preventivos, y se siguen produciendo abusos en su aplicación.

Es esencial mantener reuniones interinstitucionales para garantizar un verdadero estado de derecho y buscar una justicia restaurativa en lugar de una retributiva. 

La revisión de los criterios internacionales para la imposición de la prisión preventiva a la luz de los derechos humanos es fundamental para resolver esta problemática.