Esa alarmante situación llevó al gobierno dominicano a declarar una alerta en un comunicado de fecha 21 de abril de 2021.
El Ministerio Público, mediante una investigación que inició la Procuraduría Especializada de Delitos contra la Salud, desarticuló una empresa que estaba produciendo, almacenando y comercializando un medicamento adulterado que era distribuido en centros de atención médica.
En un comunicado, el órgano de justicia indica que la indagación inició luego de recibir la denuncia de parte de un laboratorio legal en el sentido de que un producto bajo su marca se estaba comercializando sin la debida regulación y sin contar con la patente que exige la legislación, en franca violación a la Ley General de Salud 42-01 y en una evidente amenaza a la salud de las personas.
Como era de esperarse, esa acción descabellada llevó a los fiscales investigadores a solicitar medida de coerción contra los responsables.
No es la primera vez que sucede un caso de esa estirpe, pues es una práctica recurrente detectada en anteriores ocasiones con otros medicamentos de uso común y obligatorio por la población que padece enfermedades catastróficas, como hipertensión, diabetes, cánceres, crisis psiquiátricas o psicológicas.
Hace poco, se hicieron allanamientos en algunas provincias del país donde fueron confiscados numerosos fármacos adulterados (calmantes, jarabes, antihipertensivos, anticuagulantes y otros) que se comercializaban en las farmacias y almacenes de manera irregular.
Los responsables fueron traducidos ante los tribunales, pero desconocemos si fueron condenados o absueltos.
Mientras, continúan dándose situaciones similares, lo que evidencia que nuestra salud está a merced de manos criminales aparentemente incontrolables.
Lo cierto es que estamos consumiendo medicamentos, pero no sabemos si son de calidad o legales. Es posible que esos productos desnaturalizados se encuentren a granel y en venta en puestos de farmacias que operan de forma irregular, sin control oficial, administradas por personas que no tienen títulos académicos de farmacéuticos.
Se ha denunciado en diversas ocasiones que existen farmacéuticos académicos que prestan su título a particulares para instalar farmacias, pero quienes las operan son ciudadanos que desempeñan otras profesiones.
Incluso, hay fármacos que ya hasta se consiguen en los colmados y en negocios informales móviles o barriales, especialmente aquellos que calman dolores de cabeza y corporales, cremas para la cara, champús para el pelo. Créalo, así funcionan las cosas y son actividades normales.
Igual ocurre con las bebidas alcohólicas que son falsificadas con sustancias químicas destructivas y que han provocado muchas muertes de adultos y adolescentes, entre estos miembros de una sola familia.
- Esa alarmante situación llevó al gobierno dominicano a declarar una alerta en un comunicado de fecha 21 de abril de 2021. En la ocasión, como parte de las acciones que buscan garantizar la salud de todos los ciudadanos, dijo que la problemática era de seguridad nacional. Pidió la colaboración de los medios de comunicación y la población en general para combatir esta acción de alto riesgo y aportar las mejores soluciones en beneficio de todos.
Medicinas y bebidas alcohólicas son productos de masivo consumo en la población. Sin dudas, la adulteración, falsificación y venta de esas últimas sustancias ilícitas y sin control de calidad genera rentabilidad con alto riesgo sanitario. Las estadísticas nos revelan que el peligro se evidencia con las decenas de casos de hospitalización, lesiones graves e incluso las muertes registradas por esa causa.
El principal componente mortal usado para la fabricación de estos licores ilegales es el metanol en concentraciones superiores al 50%, un químico utilizado como disolvente de pinturas, para productos de limpieza y otros usos industriales no aptos para consumo humano.
Lo que preocupa es que los bebedores no toman conciencia de la contingencia que afrontan con la dexorbitante y devastadora ingesta etílica de sustancias como el clerén, llamado también, “tafiá”, “triculí”, “pitrinchi” o “tapa floja”, que según los historiadores se remonta al siglo XVII, cuando comenzaron a funcionar las destilerías dentro de las plantaciones de azúcar en la colonia de Saint Domingue, que luego se llamó Haití.
Durante el 2020, en la República Dominicana perdieron la vida al menos 330 personas por consumo de bebidas adulteradas. En el 2021, cerca de 100 perecieron y más de 200 resultaron intoxicados, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud Pública. Los años siguientes, las cifras tuvieron una tendencia alcista.
Evitar tragedias por consumo de alcohol adulterado con metanol y otras sustancias, sobre todo en fiestas de Semana Santa, Nochebuena y Año Nuevo, debe ser una prioridad de los consumidores a quienes las autoridades sanitarias dominicanas recomiendan verificar el sello de seguridad de las tapas de las botellas y adquirirlas en lugares de expendio seguro. Pero pocos lo hacen.
Seguiremos contando los muertos hasta que la población tome conciencia del peligro que enfrenta al ingerir esos productos.
