La EGEPC ha impugnado el informe de los grupos ambientalistas, señalando que carece de fundamentos y evidencias comprobables.
Santo Domingo, 6 de sept.2023. – La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) han reiterado sus denuncias sobre la contaminación ambiental y la corrupción relacionada con la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). Sin embargo, estas acusaciones han sido refutadas por la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), que opera la central de generación eléctrica.
Los grupos ambientalistas alegan que el Estado de República Dominicana ha violado los derechos de los niños y del medio ambiente al no tomar medidas para prevenir y remediar los daños causados por la operación de la CTPC.
Se informa que la central termoeléctrica ha generado un nivel alarmante de contaminación en solo tres años de funcionamiento, lo que podría provocar la muerte prematura de unas 6,000 personas en los próximos 30 años y aumentar las enfermedades relacionadas con la combustión de carbón, especialmente entre los niños.
De igual manera, se urge al Comité de los Derechos del Niño que inste a la República Dominicana para que repare los daños ocasionados por la CTPC, incluyendo la compensación a las familias que, debido a la contaminación ambiental, han visto gravemente afectadas sus medios de subsistencia y formas de vida.
La CTPC supuestamente arroja diariamente 5,000 toneladas de cenizas tóxicas al medio ambiente, lo que ha resultado en la formación de tres montañas artificiales cerca de fuentes de agua y tierras de cultivo en la comunidad de Catalina.
Además, las partículas y gases contaminantes de la central se informa que llegan hasta países vecinos como Haití, Cuba y Jamaica, lo que aumenta aún más el alcance de la contaminación.
El estudio, que se presentó ante el Comité de los Derechos del Niño (CRC), se basó en datos recolectados y verificados en un trabajo de campo y advierte sobre el riesgo para el acceso al agua potable, la nutrición adecuada y un entorno seguro para los niños.
EGEPC se defiende
EGEPC, por su parte, niega rotundamente las acusaciones y afirma que la central fue construida con tecnologías avanzadas para minimizar cualquier impacto ambiental.
Asegura que todos sus procesos están respaldados por una firma de consultoría independiente y que la gestión de residuos se lleva a cabo de acuerdo con estándares internacionales rigurosos.
La empresa también advierte sobre las consecuencias catastróficas que tendría la desconexión de Punta Catalina, ya que reduciría el suministro eléctrico del país en un 27%.
EGEPC afirmó que el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha impugnado el informe de los grupos ambientalistas, señalando que carece de fundamentos y evidencias comprobables.
Más aún, EGEPC se preguntó públicamente sobre las verdaderas intenciones detrás de estas acusaciones. Dice que datos incluidos en el propio informe de los ambientalistas refutan la narrativa de contaminación, al señalar que muestras tomadas en Baní arrojan resultados por debajo de los límites permisibles establecidos en el país.
EGEPC expresó su consternación por lo que considera una "agenda selectiva" de ciertos grupos ambientalistas. La empresa invita a un diálogo constructivo basado en datos objetivos y en el interés genuino de promover el bienestar de la comunidad y del país.
Esta controversia sigue en desarrollo, y las partes involucradas parecen mantener posiciones opuestas sobre la situación de la central termoeléctrica y sus impactos ambientales y de salud.
