La Fiscalía y la Unidad de Propiedad Intelectual implementan medidas restrictivas contra Fernando Aníbal Santana Brito y Kerlinn Michel Santana Brito.
La Unidad de Propiedad Intelectual y Erradicación del Comercio Ilícito de la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, lograron la imposición de coerción en contra de dos personas identificadas como Fernando Aníbal Santana Brito y Kerlinn Michel Santana. Brito, quienes están acusados de participar en el almacenamiento, venta y distribución ilegal de productos hidrocarburos y sus derivados.
El Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de Santo Domingo Oeste dictaminó en contra de los imputados medidas de coerción que incluyen el pago de una garantía económica por un monto de trecientos mil pesos dominicanos (RD$300,000), el impedimento de salida del país y la presentación periódica ante el Ministerio Público los días 30 de cada mes durante un período de seis meses.
Violaciones a la Ley
El Ministerio Público subraya que las actividades emprendidas a cabo por los acusados violan múltiples artículos de la Ley No. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de disposiciones del Código Penal Dominicano.
Detalles de la Operación
La intervención que llevó al desmantelamiento de las operaciones ilícitas fue realizada por la UPI-PGR en Santo Domingo Oeste en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM). Durante la operación, se confiscaron 768 galones de diésel almacenados en condiciones no autorizadas y sin cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Los combustibles eran almacenados en cisternas de desechos oleosos y varios tanques con capacidades que varían desde los 1,500 hasta los 5,000 galones.
Además, se incautaron ciento ochenta y dos mil pesos dominicanos (RD$182,600.00) durante la operación.
La acción constituye un hito en la lucha contra el comercio ilegal de combustibles en el país, y se espera que sirva como un elemento disuasivo para futuros infractores.
