Unos 200 acusados por los hechos buscan un acuerdo para evitar juicio y las penas que se emitirían.
El Tribunal Supremo de Brasil enfrenta actualmente un desafío monumental con aproximadamente 200 casos pendientes de individuos acusados de promover los ataques a las instituciones ocurridos el 8 de enero. Sin embargo, tras las primeras condenas, los funcionarios judiciales de este país la tendrán más fácil porque el resto de los acusados busca acogerse a un acuerdo con la Fiscalía.
El jueves pasado, se dictaron condenas a tres personas con penas que oscilan entre los 14 y los 17 años en relación con estos hechos, informa Europa Press.
El llamado "acuerdo de no persecución penal" se encuentra disponible para alrededor de 1,125 personas que, si bien no participaron en la intrusión en las sedes de los Tres Poderes (Congreso, Supremo y Presidencia) durante los eventos de enero, permanecieron en campamentos durante semanas, conocidos como 'campamentos golpistas'.
Según los términos de estos acuerdos, cada caso debe ser evaluado individualmente y los implicados deben admitir su participación en los hechos y aceptar las sanciones establecidas.
Las sanciones pueden incluir la reparación de daños a través del pago de multas o la prestación de servicios a la comunidad o a entidades públicas, según informa 'O Globo'.
Mientras la Fiscalía determina quiénes pueden beneficiarse de estos acuerdos, las acciones penales de todos los involucrados se mantienen en espera. Esto podría aliviar la carga del Tribunal Supremo, que enfrentaría la tarea de analizar más de mil casos.
Según los términos de estos acuerdos, cada caso debe ser evaluado individualmente y los implicados deben admitir su participación en los hechos y aceptar las sanciones establecidas.
Además, dado que las penas por estas acusaciones, como la incitación a la violencia, no superan los cuatro años, los acusados no serían condenados a prisión.
Es importante destacar que aquellos que irrumpieron violentamente en la sede del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto enfrentan cargos diferentes, ya que se les acusa de intento de golpe de Estado, supresión violenta del Estado de derecho, asociación para delinquir y daños al patrimonio público.
Hasta el momento, tres personas han sido condenadas por algunos de esos cargos, con penas máximas de 17 años de prisión, como en el caso de Aécio Lúcio Pereira y Matheus Lima de Carvalho, y 14 años de cárcel en el caso de Tiago Mathar.
