"Los sistemas de justicia deben adoptar medidas sobre el abuso de la inhibición por los integrantes de la judicatura", expresó
La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) ha publicado recientemente tres importantes dictamenes que abordan cuestiones éticas fundamentales en el ámbito de la justicia. Uno de estos dictámenes ha sido elaborado por el magistrado Justiniano Montero Montero, quien se desempeña como juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. En este informe, el juez Montero destaca la necesidad de abordar el abuso en la invocación de inhabilidades para juzgar, un tema crucial para la integridad del sistema de justicia.
En sus conclusiones, el magistrado Montero señala que el abuso de las abstenciones por parte de los jueces puede tener efectos negativos en la eficiencia y celeridad de los procesos judiciales. Advierte que este abuso puede encubrir actitudes dilatorias y aumentar la carga judicial, lo que perjudica el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Además, resalta la importancia de que los integrantes de la judicatura evalúen cuidadosamente las causas que alegan para inhibirse, asegurándose de que estas estén en línea con las regulaciones establecidas por el ordenamiento jurídico.
En sus recomendaciones, el magistrado Montero hace un llamado a los sistemas de justicia para que adopten medidas éticas que aborden el abuso de la inhibición por parte de los jueces. Estas deben tener como objetivo preservar la efectividad administrativa, la legitimidad del sistema judicial y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
Además de este dictamen, la CIEJ emitió otros dos informes relevantes. Uno de ellos, elaborado por el juez de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, se enfoca en el uso ético de la inteligencia artificial en el trabajo jurisdiccional. El magistrado Sánchez advierte sobre los posibles impactos en la intimidad, privacidad y protección de datos personales al utilizar inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales. Destaca la necesidad de un monitoreo constante para evitar sesgos y garantizar un control adecuado.
El tercer dictamen, elaborado por la comisionada del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Farah M. Saucedo Pérez, se centra en la proyección pública de la vida de los jueces y su relevancia ética. Saucedo Pérez aboga por una reforma del Código Iberoamericano que incluya pautas sobre la conducta de los jueces en las redes sociales, especialmente en lo que respeta a su vida privada y su impacto en la impartición de justicia.
La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial desempeña un papel fundamental en asesorar a los Poderes Judiciales de Iberoamérica y promover la ética judicial en la región. Sus dictámenes son esenciales para mantener la integridad y la confianza en el sistema de justicia en un mundo cada vez más complejo y tecnológicamente avanzado.
