El espacio cívico y democrático está bajo ataque en Venezuela

Documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas.

Corresponsal de IPS

GINEBRA – Los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se intensifican con políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó en una conferencia de prensa este miércoles 20 una misión de derechos humanos de las Naciones Unidas.

"Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos",  dijo la jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos respecto del país sudamericano, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos", agregó Valiñas.

Según la Misión, establecida por el Consejo en 2019, el gobierno venezolano "ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático", coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos.

Esas acciones alcanzan a organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos.

"Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal", indica la declaración que la Misión presentó en la sede de la ONU en esta ciudad suiza.

"Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos": Marta Valiñas.

El jurista chileno Francisco Cox, integrante de la Misión, dijo que "en conjunto, estos dos tipos de mecanismos, "duros" y "blandos", conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social".

Se destacó el caso de seis sindicalistas condenados el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión "por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después haber sido detenidos arbitrariamente y sufrido malos tratos en detención por más de un año".

"Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al gobierno", observó la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá Valdez, también integrante de la Misión.

Tappatá también destacó que "la falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política".

Ese panorama "es especialmente alarmante en un país que se encamina a las elecciones presidenciales en 2024″, según la Misión.

"Al menos una candidata y dos candidatos a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, y se unen a la lista de otros reconocidos políticos que también fueron inhabilitados" mediante resoluciones administrativas, sin que pese sobe ellos alguna sentencia judicial firme.

Por otra parte, la Misión investigó y registró durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país desde enero de 2020 hasta agosto de 2023.

Concluyó que tenía "motivos razonables para creer" que durante ese lapso se cometieron al menos cinco "privaciones arbitrarias de la vida", 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias.

Documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo período.

En 2020, la Misión identificó a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves de derechos humanos, cometidas en el marco de operaciones de seguridad para combatir la criminalidad.

En el mismo informe, la Misión documentó la participación de las Faes en detenciones arbitrarias de personas críticas al gobierno, "algunas de las cuales fueron objeto posteriormente de actos de tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del Estado".

En su último informe oral al Consejo en marzo, la Misión señaló que había indicios de que, "a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre las Faes y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet) de la PNB", creada en julio de 2022.

La Daet "cuenta en su cadena de mando con oficiales de las Faes y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad", indicó la Misión.

La transformación de las Faes en la Daet "es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos", dijo Valiñas.

"Es imperativo vigilar la actuación de la Daet para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos", alertó Valiñas.

La presentación del informe coincidió con el lanzamiento de una operación militar y policial, que involucra a 11 000 efectivos uniformados, para reasumir el control de la cárcel de Tocorón, al oeste de Caracas, con una población de miles de reclusos y que durante años ha estado en manos de grupos delictivos.

La Misión de la ONU lamentó, finalmente, "la falta de cooperación del gobierno venezolano" para con sus labores, y aseguró que continuará "trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los perpetradores".