La fiscal general Consuelo Porras, dirige las acciones del Ministerio Público para suspender al partido político de Arévalo, Movimiento Semilla.
Por Corresponsal de IPS
En Guatemala se inician protestas contra acciones del Ministerio Público, dirigido por la fiscal Consuelo Porras y con apoyo del gobierno, que pueden socavar la elección de Bernardo Arévalo como nuevo presidente. Desde la ONU y varias capitales se han sumado advertencias en ese sentido. Imagen: Cuenta X Arévalo
GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció las medidas “que parecen adoptarse para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala”, en el que el progresista Bernardo Arévalo resultó electo, el 20 de agosto, como nuevo presidente de ese país.
Entretanto, comunidades indígenas en el departamento de Totonicapán, occidente de Guatemala, iniciaron este lunes 2 un paro de actividades para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, quien dirige las acciones del Ministerio Público para suspender al partido político de Arévalo, Movimiento Semilla.
Esas acciones han sembrado incertidumbre sobre la toma de posesión de Arévalo, prevista para el 14 de enero de 2024, en la que debe reemplazar al actual mandatario, el derechista Alejandro Giammattei, quien ha apoyado las medidas de Porras.
Las autoridades guatemaltecas confirmaron que siete carreteras del país fueron bloqueadas por las protestas de las comunidades indígenas, que respaldan a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera.
Arévalo suspendió una gira que realizaba por México y Estados Unidos para regresar apresuradamente a su país, y en un vídeo junto a Herrera llamó a la población a protestar pacíficamente en defensa de los resultados electorales y contra las medidas de la Fiscalía, a la que acusó de ejecutar un “golpe de Estado”.
El 29 de septiembre la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que opera bajo el Ministerio Público, allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral, que ha reconocido el triunfo de Arévalo, e incautó las actas oficiales que certifican el resultado de la elección presidencial.
Es el cuarto allanamiento a la sede del tribunal, y el Ministerio Público también procura el levantamiento de la inmunidad de los magistrados por presuntamente cometer delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
“Estos eventos son los últimos de una larga lista de acciones muy preocupantes adoptadas en las últimas semanas, que -tomadas en conjunto- parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el estado de derecho en general”, dijo Türk.
Consideró que “las informaciones sobre hostigamiento e intimidación contra funcionarios electorales y personas electas, incluidos el presidente electo y la vicepresidenta electa, son especialmente inquietantes”.
“Pido a todas las autoridades guatemaltecas que se abstengan de cualquier intento adicional de desafiar la voluntad del voto popular”, agregó.
La oficina de Türk en esta ciudad suiza recibió información de que “algunos de los cien policías que llevaron a cabo el allanamiento utilizaron fuerza innecesaria con los jueces” del tribunal –hay imágenes del caótico forcejeo- y obstaculizaron el trabajo de los periodistas que cubrían el evento.
También desde la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos se han manifestado responsables para expresar preocupación por los acontecimientos en Guatemala y en demanda de que se respete la voluntad popular expresada en la elección de Arévalo y Herrera con más de 58 % de los votos del 20 de agosto.
Estados Unidos también expresó que “está gravemente preocupado” tras el nuevo allanamiento de la sede del tribunal electoral, de acuerdo con un comunicado del portavoz de su Departamento de Estado (cancillería), Matthew Miller.
“Se trata de una acción antidemocrática que socava las instituciones democráticas de Guatemala. El pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada”, dijo Miller.
La fiscal general Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de las operaciones contra el máximo organismo electoral, han sido señalados por los responsables estadounidenses como “corruptos” o “antidemocráticos”.
