Subraya que es responsabilidad del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones adecuadas para que todos los casos.
En una carta dirigida al Doctor Henry Molina, la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, ha expresado su profunda preocupación por el estado actual de los expedientes de corrupción que se encuentran en diversos tribunales.
En dicha carta, la organización señala que los abogados defensores están obteniendo plazos más largos de lo habitual por parte de los jueces. Si bien se reconoce la importancia de proteger los derechos de los imputados, Participación Ciudadana enfatiza que el poder judicial también debe garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una justicia pronta. Para lograr este objetivo, se sugiere que se crean las condiciones necesarias para que los jueces encargados de casos complejos puedan centrarse en ellos de manera más efectiva, por ejemplo, programando audiencias diariamente en lugar de una o dos veces por semana. Estas medidas podrían ser implementadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Participación Ciudadana subraya que es responsabilidad del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones adecuadas para que todos los casos, especialmente los complejos, estén a cargo de jueces que dispongan del tiempo y la carga de trabajo necesarios para gestionarlos dentro de plazos razonables. Esto sería fundamental para erradicar la percepción ciudadana de que aquellos con amplios recursos pueden evadir la justicia incluso en casos de graves delitos de corrupción.
La organización advierte que sería lamentable y perjudicial para el país que, después de años de lucha contra la corrupción e impunidad, y tras los considerables esfuerzos del Ministerio Público en la elaboración de expedientes que demuestran indicios claros de corrupción en el Estado, estos casos queden impunes debido a la expiración de plazos, como ocurrió recientemente en el caso de los "tucanos".
En su comunicado al Dr. Henry Molina, Participación Ciudadana destaca que, en los casos extensos y complejos que se están ventilando actualmente, se ha insistido en la necesidad de que los jueces exijan la lectura completa de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, comparadas en la disposición constitucional que establece que el juicio debe ser oral. Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esta interpretación de la oralidad, argumentando que, en la práctica, la interpretación debe estar en sintonía con el objetivo de concluir el proceso en un "plazo razonable".
Participación Ciudadana expresa su alarma ante la creciente tendencia a utilizar el límite máximo de duración del proceso establecido en el Código Procesal Penal (CPP) como un medio para la impunidad, debido a factores que podrían ser controlados. Insta a garantizar que los jueces tengan el tiempo necesario para abordar sus casos con firmeza y resistir las maniobras dilatorias de algunos imputados.
