SANTO DOMINGO, República Dominicana – En una operación coordinada y producto de una extensa investigación de varios meses, el Ministerio Público ha puesto en marcha la Operación Búho, que ha llevado al arresto de siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) por un fraude estimado en unos RD$2,500 millones.
La acción legal del Ministerio Público movilizó a más de 20 fiscales, aproximadamente 100 oficiales de policía y una docena de agentes de equipos especiales. La investigación surgió a raíz de denuncias presentadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios individuos afectados por las operaciones irregulares de Coop-Herrera.
Los arrestados son identificados como Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. Se les imputan delitos que abarcan desde asociación de malhechores hasta falsificación de documentos públicos y privados, así como robo de identidad de personas. El grupo ejecutó maniobras fraudulentas contra la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
La operación incluyó la incautación de propiedades lujosas, vehículos, embarcaciones y otros activos, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
En las próximas horas, los fiscales procederán a solicitar medidas de coerción contra los imputados mientras continúan recibiendo denuncias de miles de personas afectadas por la distracción de sus ahorros a través de este entramado criminal.
Los implicados simulaban préstamos, emitían certificados financieros falsos y realizaban otras prácticas ilegales con el objetivo de desviar fondos de los asociados y ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un arduo trabajo conjunto de investigación llevado a cabo durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Esta operación demuestra el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y el fraude financiero en la República Dominicana.
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