La red, que operaba en Licey al Medio, adquiría armas en Estados Unidos y las introducía de contrabando al país mediante compañías de envío.
En Santiago, República Dominicana, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, impuso medidas de coerción y declaró complejo el proceso contra los integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas de fuego de diversos calibres.
Los arrestos se llevaron a cabo durante allanamientos simultáneos liderados por la Fiscalía y otras agencias de persecución en los municipios de Licey al Medio y Moca.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana ordenó la prisión preventiva por 18 meses para Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Jayro Diplán Guzmán, Valentin de Jesús Caraballo Guzmán y Félix Francisco Vásquez Peralta.
Rosalba María Estrella recibió arresto domiciliario, mientras que Marcos Diplán Diplán y Sixto Rosario deberán pagar una garantía económica.
Estas medidas reflejan la profundidad de la investigación y los elementos recabados durante la operación en los municipios mencionados, donde participaron fuerzas especiales de la Policía Nacional.
Osvaldo Bonilla, titular de la Fiscalía de Santiago, destaca la importancia de desarmar las calles para reducir la violencia, considerando el tráfico ilegal de armas como un factor contribuyente.
La red adquiría armas en el mercado estadounidense y las introducía de contrabando al país mediante compañías de envío. Los implicados, en su mayoría familiares, utilizaban sus domicilios como almacenes y comercializaban las armas con otras estructuras del crimen organizado.
Los implicados, en su mayoría familiares, utilizaban sus domicilios como almacenes y comercializaban las armas con otras estructuras del crimen organizado.
Durante los allanamientos, se decomisaron 18 pistolas, principalmente Glock 9 milímetros, 3 revólveres, 2 escopetas, $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
La Fiscalía presentó cargos provisionales por violación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.
Las diligencias de campo involucraron a más de 10 fiscales, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional, el equipo SWAT de la Policía Nacional y la cooperación del FBI de Estados Unidos.
Los operativos se llevaron a cabo después de un año de estrategias e inteligencia para rastrear y recopilar información sobre la organización y su comercio de armas.
Se incautaron de tanques con doble fondo utilizados para el transporte de armas ilegales.
