El arresto de directivos podría revelar un esquema de enriquecimiento ilícito en otras cooperativas
Santo Domingo.- En un sorprendente giro de acontecimientos, el Ministerio Público ha puesto al descubierto un intrincado esquema de corrupción que involucra a altos directivos de Coop Herrera. Este caso ha generado una creciente preocupación sobre la integridad de otras cooperativas en el país y el bienestar de sus socios.
El expediente presentado por el Ministerio Público revela que la estructura corrupta dentro de Coop Herrera estaba bajo el control absoluto del presidente de la cooperativa, quien posteriormente se convirtió en el Administrador General. Este individuo, de acuerdo al informe, colocó a familiares y personas de confianza en puestos clave del consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general y auditoría, lo que le permitió manipular los fondos de los socios como si fueran su propiedad personal.
Los arrestados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
En el expediente se consigna que uno de los aspectos más alarmantes de este caso es el uso de documentos falsos como garantía para obtener préstamos millonarios que nunca se pagaron. Se simulaban reestructuraciones de préstamos de manera mensual y anual para ocultar la verdadera situación financiera de la cooperativa en los estados financieros. Y es que se explica que los socios involucrados en este esquema creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de cómplices, simulando la apertura de certificados financieros a plazos sin respaldo económico real. Estos certificados generaban intereses que eran retirados en efectivo o utilizados para pagar las nóminas de empresas vinculadas a la red corrupta.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los fondos malversados se utilizaron para adquirir lujosas propiedades, vehículos de alta gama e incluso yates. Todo esto se realizó utilizando certificados financieros desprovistos de garantía, cuyos intereses eran retirados por los implicados, afectando directamente los ahorros de los socios. Los bienes adquiridos eran registrados a nombre de empresas y terceros vinculados a los miembros de la red corrupta.
El expediente también revela cómo se manipulaban los informes financieros para presentar resultados favorables. Cheques millonarios eran emitidos en los últimos días de diciembre, dándole la apariencia de liquidez a la cooperativa. Sin embargo, estos cheques eran devueltos en enero por falta de fondos, lo que permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre del año. Además, se falsificaban certificados de depósitos a plazo fijo para crear una aparente liquidez, lo que constituía una grave falsificación de valores.
El esquema corrupto también incluía la alteración de sistemas informáticos con la incorporación de datos falsos para hacer parecer que las cuentas de ahorro de ciertos socios recibían sumas de dinero en efectivo que nunca ingresaban a la cooperativa ni a su bóveda.
Para encubrir el enriquecimiento ilícito, la red criminal diversificó sus actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes y negociando la compra de acciones en bancos múltiples.
En un intento de lavar los capitales y bienes adquiridos, el grupo acusado otorgaba préstamos simulados a personas sin perfil financiero idóneo y abría certificados financieros falsos, simulando el pago de otros créditos de los miembros de la red. Se creaban certificados financieros a nombre de estos cómplices, quienes tomaban préstamos de la cooperativa y los pagaban con intereses generados de certificados sin respaldo.
Este escandaloso caso de corrupción en Coop Herrera ha sacudido los cimientos de la cooperativa y plantea interrogantes sobre la necesidad de una supervisión más rigurosa de las instituciones financieras similares en el país. Los socios de Coop Herrera se encuentran en una situación de desamparo, y las autoridades están decididas a llevar a los responsables ante la justicia para que rindan cuentas por sus acciones ilegales.
