Destaca una preocupante cantidad de suspensiones de audiencias preliminares y de fondo en las jurisdicciones ordinaria y de adolescentes.
Santo Domingo, 12 de octubre del 2023.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha expresado su creciente preocupación por el elevado nivel de suspensión de audiencias en el sistema de administración de justicia de la República Dominicana, alertando sobre el impacto negativo en las garantías y derechos individuales de los ciudadanos.
El Estado de Derecho dominicano, en su enfoque hacia el bienestar de cada persona, ha adoptado un marco legal que busca asegurar un orden jurídico equilibrado. Sin embargo, FINJUS señala que la reciente tendencia de suspensión de audiencias compromete la tutela judicial efectiva, uno de los pilares fundamentales del sistema.
En el contexto de las garantías en un Estado de Derecho, el derecho de audiencia y el derecho a ser escuchado por un juez son esenciales. El artículo 69 de la Constitución dominicana establece la tutela judicial efectiva como un derecho que abarca tanto el acceso a la justicia como los derechos que se ejercen una vez iniciado el proceso.
En un análisis de las estadísticas institucionales de la Oficina Nacional de Defensa Pública para el periodo enero-junio del 2023, FINJUS destaca una preocupante cantidad de suspensiones de audiencias preliminares y de fondo en las jurisdicciones ordinaria y de adolescentes.
Indica que en la jurisdicción penal ordinaria, se observa que el 70% de las 74,844 audiencias programadas fueron suspendidas, siendo la falta de notificación, el traslado de imputados y la incomparecencia de testigos o peritos las principales causas.
Para FINJUS, estas cifras son alarmantes y afectan la imagen de la justicia dominicana, debilitando la eficacia y eficiencia del sistema de administración de justicia.
Para FINJUS, estas cifras son alarmantes y afectan la imagen de la justicia dominicana, debilitando la eficacia y eficiencia del sistema de administración de justicia. La solución propuesta por la fundación implica el establecimiento de canales de comunicación y coordinación entre los actores del sistema, buscando mayor celeridad, imparcialidad, igualdad, equidad y seguridad jurídica.
Se destaca también la delicada situación en la jurisdicción penal adolescente, donde la falta de profesionales para gestionar adecuadamente los procesos relacionados con entrevistas en la Cámara de Gesell es una de las causas de suspensión. FINJUS resalta la importancia de priorizar el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en estos procesos.
Finalmente, la fundación hace estos señalamientos con la convicción de que los actores del sistema de justicia están comprometidos en elevar la calidad de sus actos y fortalecer la transparencia, eficiencia e igualdad.
La llamada de FINJUS es a contar con una asistencia judicial organizada y ágil para resolver los acontecimientos bajo su competencia y salvaguardar los principios constitucionales y democráticos del Estado.
