Por Héctor Martínez Fernández
La Cancillería Dominicana ha dado señales de no estar a la altura, en vigilancia y celo, a la hora de defender el tesoro invaluable de cuanto tenemos en materia de soberanía nacional.
No ha mucho, su ligereza y falta de perspicacia propició un entendimiento oficioso con la parte haitiana, a propósito del canal en el río Dajabón, del cual las razones del país no salieron ilesas del todo.
Ahora estalla el Acuerdo RD/Holanda, sobre delimitaciones de fronteras marítimas, convenio concretado en junio 2021, en el que la República otorgaría a la “capacidad técnica” holandesa derecho de exploración y explotación sobre parte de su territorio sumergido.
Para el señor canciller Roberto Álvarez, a más de “histórico y trascendental”, este acuerdo “se constituye en un logro para la actual gestión”.
Se entiende. Ya lo advirtió Montaigne: ”Nadie está libre de decir estupideces…”.
En dirección opuesta al señor canciller, profesionales con calidad en asuntos de mar y derecho internacional, no vacilan en tachar el acuerdo de “asalto a la soberanía nacional”, en atención de cuanto cedería el país a cambio de nada.
Claro, muy claro que los hermosos criterios de “equidad” y “equidistancia” que adornan el pacto y le sirven de base, no aplican entre territorios con anchura de costas tan disímiles.
RD, dos tercios de la isla quisqueyana, tiene una superficie superior a los 48 mil 400 km2, en tanto que las posesiones antillanas holandesas de Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba, todas juntas no llegan a 1000 km2.
Curazao, la mayor de las islas, tiene 444 km2; pero Saba solo tiene 13 km2, San Eustaquio 21 km2 y San Martin 34 km2…. De ahí que establecer por puntos equidistantes (partes iguales) el espacio marítimo entre RD y esos territorios resulta perjudicial para RD. No cabe comparación con los casos de Colombia y Venezuela.
Sospechosamente, el Art. 3 del acuerdo amarra a futuro, a ambos lados de la línea de demarcación, cualquier “estructura geológica o yacimiento mineral que contenga petróleo o gas natural”, a favor del Estado que pueda ofrecer una explotación “más eficaz”.
Obvio: RD no puede ni podrá equipararse al reino de Holanda a la hora de ofrecer la solución “más eficaz” para la explotación de sus recursos sumergidos. Éstos estarían a disposición de un país miembro fundador de la OTAN, como lo es Holanda, y presumiblemente de sus socios.
Es preciso dudar. ¿Tiene Holanda informaciones sobre la existencia de yacimientos petroleros y/o gasíferos…? No es paranoia. Dudar es más que “asumir la fragilidad y la contingencia de la condición humana…”, como pretende en su Elogio de la duda, la filósofa española Victoria Camps Cervera.
Conste que, en una postura inamistosa, los Países Bajos no reconocen a RD la condición de Estado Archipielágico, definida por la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, abril 1982) en su Parte IV, Arts. 46 y ss, lo que apunta a privar el país del cobro de peaje por el uso de su espacio marítimo y el aéreo correspondiente.
Como bien se ha señalado, el instrumento firmado por el canciller hace tabla rasa de Constitución de la República, que en su artículo 9, dice: “El territorio de la República Dominicana es inalienable”, y de la Ley No. 66-07, del 22 de mayo del 2007, que declara a Dominicana “Estado Archipielágico”.
De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, seguramente “sin darse cuenta”, ha rubricado un acuerdo enajenante; concebido a conveniencia exclusiva de Holanda.
Para asombro y vergüenza de especialistas en la materia, el documento firmado no refleja un uso taxativo de los conceptos de latitud, longitud, parámetros y puntos geodésicos, lo que de hecho da condición de mamotreto al acuerdo de marras.
En la Ley de Presupuesto General del Estado 2023, el ministerio de Relaciones Exteriores aparece con una apropiación superior a los 11 mil quinientos millones de pesos, lo que debe alcanzar para pagar técnicos calificados en un asunto de la magnitud del que nos ocupa.
Afortunadamente, el acuerdo aún tiene que pasar por al Tribunal Constitucional y el Congreso, donde debería ser objetado.
Lo que resulta innegable, y urge decirlo sin ambages, es que los dominicanos merecemos una cancillería más atenta y celosa con lo que tenemos en materia de soberanía nacional.
_ 13/10/23
