Informe de la ONU revela vínculos de políticos y empresarios con bandas armadas haitianas
Puerto Principe.- En un informe reciente de la ONU sobre Haití, se ha revelado la implicación de figuras prominentes en el financiamiento de pandillas armadas en el país. Entre los involucrados se encuentran el antiguo presidente Joseph Michel Martelly, el ex senador Youri Latortue, el ex diputado Prophane Victor y el director general del grupo Deka, Reynold Deeb.
Según el informe, Martelly habría proporcionado fondos y armas a varias pandillas, incluyendo la Base 257, Village de Dieu, Ti Bwa y Gran Ravin. Estas acciones se utilizaron para expandir su influencia política en diferentes vecindarios, dejando un legado de inseguridad en la actualidad.
El informe también señala que Martelly estableció relaciones con otros líderes de pandillas a través de fundaciones y miembros de su círculo cercano. Arnel Joseph, ex líder de la pandilla de Village de Dieu, afirmó que recibía armas y dinero a través de un intermediario relacionado con Martelly.
Youri Latortue, por su parte, ha sido acusado de financiar y armar pandillas en el departamento de Artibonite, utilizando estos grupos para su protección personal y para destruir propiedades. Se reveló que Latortue entregó una suma considerable de dinero a uno de los líderes de pandillas.
El ex diputado Prophane Victor también fue mencionado en el informe por armar a jóvenes de su circunscripción en un intento de asegurar su elección en 2016. Estos jóvenes armados, en colaboración con la pandilla Gran Grif, han sido responsables de violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual.
Reynold Deeb, un importante importador de bienes de consumo, ha sido sancionado por financiar a miembros de pandillas para proteger sus operaciones y evitar inspecciones aduaneras en un puerto importante.
Tanto Canadá como Estados Unidos han impuesto sanciones a varios de los implicados en este informe como medida para frenar el financiamiento de pandillas en Haití. El informe de la ONU hace un llamado a fortalecer el sistema judicial para poner fin a la impunidad de aquellos que amenazan la paz y seguridad en Haití, incluyendo a las pandillas y sus patrocinadores, así como a quienes están involucrados en el desvío de fondos públicos.
