El entramado enfrenta cargos por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas.
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – En un importante desarrollo judicial, el Ministerio Público ha logrado obtener medidas de coerción para los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), quienes fueron arrestados el pasado 4 de octubre en relación con el fraude de aproximadamente RD$2,500 millones. El juez Máximo Saint Hilaire, de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó que el proceso es de tramitación compleja y dispuso medidas que incluyen prisión preventiva, arresto domiciliario y presentación periódica.
La prisión preventiva de 18 meses fue impuesta a los imputados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y Jacer Eliazar Mejía Pereyra. Estos individuos deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
Kenia del Carmen Liriano Pérez, por su parte, se enfrentará a un arresto domiciliario, una garantía económica de 3 millones de pesos a través de una compañía aseguradora y se le impedirá salir del país. Ana Cecilia Tejada Santos deberá presentar una garantía de 3 millones mediante una compañía aseguradora, además de estar sujeta a impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes. Simona Borsilea, por último, deberá presentar una garantía de 1 millón de pesos mediante compañía aseguradora, igualmente con impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.
El juez inició la revisión obligatoria de las medidas para el 22 de enero de 2024 y la audiencia de control para el 24 de junio de ese mismo año.
El entramado enfrenta cargos por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad de personas, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos. La solicitud de medida de coerción presentada contra los procesados contiene 224 páginas y suficientes evidencias que los involucran en los hechos imputados.
La Operación Búho, que dio lugar a estos arrestos, se inició el 4 de octubre como resultado de una investigación de varios meses que llevó al Ministerio Público a actuar. Durante la operación, se incautarán inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades de lujo, todo en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal. Los imputados habían simulado préstamos y emitidos certificados financieros falsos, todo con el objetivo de distraer fondos de los asociados y ahorrantes.
Este importante logro judicial es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. La solicitud de medida de coerción fue sustentada por los fiscales Eduardo Velázquez, Jonathan Pérez Furcal, Rosa Isabel Mejía y Nicasio Pulinario.
