Señala como desafíos electorales las elecciones internas, trabajo de la JCE y TSE, y la falta de una Procuraduría Electoral
La organización Participación Ciudadana ha presentado un informe que analiza la experiencia del recién concluido periodo de precampaña y primarias en la República Dominicana, planteando desafíos clave de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024.
Señala que entre los retos destacados se encuentran la aplicación de los preceptos legales para controlar los gastos de campaña, el control de las acciones gubernamentales que podrían beneficiar al partido en el poder, y la aplicación de mecanismos para evitar que personas acusadas de corrupción sean elegidas en cargos gubernamentales.
Este informe marca la 13va observación consecutiva de Participación Ciudadana desde 1994. Indica que a pesar de mejoras en el proceso electoral durante estos 29 años, se ha observado un desbordamiento en la duración y gastos de la precampaña y campaña, generando preocupaciones sobre la transparencia y la eficacia de los controles de gastos.
Refiere que el periodo de precampaña, que debía durar tres meses, se ha extendido significativamente, con partidos iniciando actividades desde 2022. Dijo que a esto la respuesta de la Junta Central Electoral, emitida en agosto, fue prohibir eventos multitudinarios y propaganda electoral antes del periodo establecido. Sin embargo, algunas organizaciones desafiaron estas restricciones, generando un periodo de precampaña prolongado y costoso.
La observación de Participación Ciudadana destaca la necesidad de controles efectivos sobre la duración y los gastos electorales, especialmente en un contexto de rebeldía y gasto desmesurado. Además, se plantea la preocupación sobre el gasto gubernamental con fines electorales y su impacto en la equidad del proceso.
El informe resalta la importancia de abordar estos desafíos para garantizar elecciones justas, transparentes y equitativas en República Dominicana en 2024.
A pesar de la aspiración de la sociedad a un congreso digno, persisten prácticas cuestionables. Partidos como el PRM y la Fuerza del Pueblo han presentado candidatos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, corrupción y violencia de género.
Elecciones Internas:
Describe que en el escenario político dominicano, las elecciones internas de los partidos han revelado ciertos desafíos. A pesar de la aspiración de la sociedad a un congreso digno, persisten prácticas cuestionables. Partidos como el PRM y la Fuerza del Pueblo han presentado candidatos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, corrupción y violencia de género. Sostiene que este fenómeno plantea interrogantes sobre la calidad de la representación congresual y municipal.
Trabajo de la Junta Central Electoral (JCE):
Considera que en términos generales, la JCE ha cumplido con su calendario electoral y ha regulado aspectos cruciales mediante resoluciones. La decisión de mantener la proporcionalidad de género, calculando el 20% de candidaturas reservadas en cada nivel de elección, es un paso positivo. Sin embargo, la JCE optó por no imponer medidas sobre las campañas a destiempo, generando preocupaciones sobre la posible debilidad de la autoridad electoral.
Cuestionamientos a la JCE:
Algunos aspectos del trabajo de la JCE han generado cuestionamientos. La falta de planificación para el voto en el exterior en las primarias del PRM y el descubrimiento tardío de que un 8.7% de los escáneres no funcionaban adecuadamente plantean preocupaciones sobre la eficiencia y planificación. La activación pendiente de la Dirección de Control Financiero de los Partidos es vista como clave para controlar el uso indebido de fondos.
Papel del Tribunal Superior Electoral (TSE):
Participación Ciudadana ha monitoreado las acciones del TSE, que ha emitido 17 sentencias relacionadas con las elecciones de 2024. La tendencia a declarar muchos casos como inadmisibles limita la posibilidad de analizar el fondo de los asuntos, impidiendo mejoras sustanciales en el sistema electoral. Además, la JCE figura como demandada en la mayoría de los casos, lo que destaca la necesidad de evaluar su rol en estos procesos.
Procuraduría Electoral Pendiente:
A pesar de la creación previa de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, esta entidad aún no ha sido establecida. La falta de designación del Procurador Electoral adjunto y fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional plantea interrogantes sobre la efectividad de la persecución de crímenes y delitos electorales en el actual proceso.
Participación Ciudadana considera que estos elementos conforman un panorama en el que la transparencia, calidad y legitimidad del proceso electoral dominicano se ven desafiadas por diversas circunstancias. Destaca estas preocupaciones con la esperanza de fortalecer la integridad del sistema electoral en el país.
