Dos de los implicados recibieron garantía económica de quinientos mil pesos y presentación periódica e impedimento de salida del país.
Santo Domingo, 16 de noviembre de 2023.- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte ha obtenido una victoria legal al lograr la imposición de ocho meses de prisión preventiva para dos individuos y garantía económica para otros dos, todos vinculados a una red criminal especializada en la exportación ilegal de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana.
El juez Bernardo Coplín, del Tribunal Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, dictó prisión preventiva para Engels José Castillo García y Braulio Alfredo Torres Ramos. Mientras tanto, Roberto Reyes Alejo y Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez recibieron garantía económica de quinientos mil pesos, a través de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ángel Mena, presentó al tribunal elementos probatorios que respaldan la imposición de estas medidas cautelares en este caso.
La investigación, liderada por el fiscal Héctor Manuel Romero Pérez, se inició a raíz de una denuncia de la Supervisora de Seguridad Militar y Policial, quien recibió información de una empresa de transporte nacional e internacional.
El expediente detalla que la red criminal no solo se dedicaba a la exportación ilegal de armas, sino que también incursionaba en la distribución, comercialización y venta de armas de fuego ilegales, accesorios y municiones.
Durante la inspección de paquetes para la distribución en el país, se descubrieron irregularidades en el cierre de algunas unidades contenedoras, revelando la presencia de armas de fuego en su interior.
Las autoridades, tras recibir la notificación, llevaron a cabo allanamientos simultáneos en Santiago y San Francisco de Macorís, resultando en el arresto de los cuatro implicados.
El expediente detalla que la red criminal no solo se dedicaba a la exportación ilegal de armas, sino que también incursionaba en la distribución, comercialización y venta de armas de fuego ilegales, accesorios y municiones.
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente el caso en virtud de la Ley No. 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como la Ley 168-21 del Régimen Aduanal.
Además, se imputan violaciones a la Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento Terrorista, y al Código Penal Dominicano por asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.
