Palacio de Justicia de Santiago.
Santo Domingo, 18 de noviembre de 2023.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago ha dictado prisión preventiva contra los líderes de la red criminal desmantelada por la Operación Colibrí. La decisión, tomada por la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, se basa en la calidad de las pruebas y la solidez de la investigación presentada por el Ministerio Público.
Los líderes de esta estructura delictiva, que puso en riesgo la seguridad jurídica del país al incurrir en falsedad de documentos públicos, enfrentan no solo acusaciones graves, como indicó el Ministerio Público, sino también la sospecha de ser facilitadores de otros crímenes.
La jueza declaró el proceso de tramitación compleja e impuso una prisión preventiva de 18 meses a los cabecillas, subrayando la estrecha vinculación de todos los implicados y destacando que "este tipo de estructuras no se forman de la noche a la mañana".
La prisión preventiva de 18 meses se impuso a Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomas Enmanuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso.
Además de las ocho prisiones, se impusieron garantías económicas de $500,000 pesos cada una para los imputados José Alfonso Acevedo García, José Rosario Marte, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amaurys Ramírez y Rubén Darío Núñez Ortega. Este grupo deberá acudir mensualmente ante la Fiscalía los días 17 de cada mes y tiene prohibido salir del país sin orden judicial.
El próximo martes, a las 3:00 de la tarde, el tribunal revisará la solicitud de medida de coerción contra el imputado Fausto Merán, quien contará con la asistencia de un defensor público después de que su defensa técnica abandonara el proceso en plena audiencia.
Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La investigación, realizada por la Fiscalía de Santiago en colaboración con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Policía Nacional y el apoyo de la Junta Central Electoral, reveló la vulneración del sistema de esta última entidad por parte de los imputados.
La contundente imputación del Ministerio Público, representado por las fiscales Sourelly Jáquez Vialet, Yeny Liranzo, Esther González y Elvin Ventura, llevó a tres de los imputados a admitir los delitos y comprometerse a colaborar con la investigación.
La jueza destacó la gravedad del delito de falsificación de documentos públicos y cómo la simple posesión de certificaciones irregulares puede dar lugar a numerosos actos ilegales.
El tribunal otorgó un plazo de ocho meses para que se presente una acusación formal contra los implicados, reconociendo la calidad y contundencia de las pruebas aportadas en esta etapa inicial.
Los imputados enfrentan cargos conforme a diversos artículos del Código Penal Dominicano, la Ley sobre Cédulas de Identidad y Electoral, la Ley sobre Protección Integral de los Datos Personales y la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Además, a Acevedo García se le imputan violaciones a la Ley para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
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