En un importante fallo judicial, el Ministerio Público de la provincia Duarte ha logrado una sentencia condenatoria de 40 años de prisión para cuatro miembros de la red narcotraficante conocida como "Punto Topito", que operaba en la provincia Duarte y fue desmantelada en el año 2021.
El Primer Tribunal Colegiado de Duarte dictaminó sentencias de 10 años de prisión para cada uno de los acusados: Ángel Mayobanex Fernández, Juan Arístides Reyes, Carolina Masiel Disla y Jazmín Cross, tras demostrar su responsabilidad penal en los delitos imputados por el Ministerio Público.
Dos de los condenados, Ángel Mayobanex Fernández y Juan Arístides Reyes, cumplirán sus penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Mientras que Carolina Masiel Disla y Jazmín Cross cumplirán sus condenas en el centro de corrección para mujeres de Juana Méndez, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
Es importante destacar que el líder de la red, Víctor Alfonso Aracena (conocido como "Topito"), aún se encuentra prófugo de la justicia.
Los jueces Carminia Caminero, Nilsa Marte y Manuel Antonio Carela tomaron en cuenta las pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por la fiscal Yerelys Calcaño, las cuales fueron recopiladas durante una exhaustiva investigación dirigida por el fiscal Engels Polanco. Estas pruebas establecieron los vínculos de los acusados con actividades de narcotráfico en violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El expediente revela que labores de inteligencia realizadas por la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) y el Ministerio Público de Duarte, en colaboración con la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), permitieron identificar a varios grupos criminales involucrados en la venta, tráfico, distribución y almacenamiento de sustancias controladas, en flagrante violación de las leyes correspondientes.
La red "Punto Topito", bajo el control de Víctor Alfonso Aracena, operaba como una de las principales cadenas de suministro de drogas en San Francisco de Macorís, manteniendo puntos de venta en diferentes municipios de la provincia Duarte. Además, se le atribuye lazos delictivos con otros grupos a nivel nacional, involucrados en el tráfico de cocaína y marihuana.
El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades judiciales, realizó allanamientos a residencias y locales utilizados por los acusados en sus actividades ilícitas, autorizados por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte en junio de 2021. Estos allanamientos, ejecutados por el Ministerio Público y otras autoridades, fueron un paso crucial para el desmantelamiento de esta red narcotraficante.
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