Fortaleza Juana Núñez, de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.
Santo Domingo, 22 de noviembre de 2023.-La Procuraduría General de la República (PGR) y la Junta Central Electoral (JCE) han puesto en marcha un plan piloto que marca un paso crucial hacia la implementación del voto penitenciario en las elecciones presidenciales de 2024.
El proyecto, liderado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), comenzó en el centro de privación de libertad de la Fortaleza Juana Núñez, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
La delegación encabezada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, coordinó la instalación de los equipos tecnológicos necesarios para el proceso. Este esfuerzo conjunto busca devolver un derecho fundamental a los privados de libertad y establecer un modelo replicable en otros centros penitenciarios.
En tanto que Roberto Hernández, director de la DGSPC, resaltó que este plan piloto representa la materialización de un anhelo y un derecho fundamental: el derecho al voto de los privados de libertad.
Subrayó que el proyecto también abordará el derecho a la identidad, proporcionando un control adicional de datos al sistema penitenciario.
Perspectiva de la JCE
Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, destacó la importancia de acuerdos como este para garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad.
Señaló que, además de ser un plan operativo, se espera que el modelo se replique en otros centros penitenciarios, ampliando así la participación democrática.
La delegación de la JCE, encargada del proyecto, explicó que la instalación del piloto en el CCR de Salcedo tiene como objetivo identificar a la población de internos y determinar cuáles poseen cédulas de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto.
El acuerdo establece que solo se llevará a cabo el proceso de expedición de cédulas, y los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.
Cumplimiento con la Ley 113-21: Registro biométrico
Este proyecto cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que garantiza el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
En el marco del procedimiento, se identificará biométricamente a todos los internos, y a aquellos con cédulas se les imprimirá el registro de identificación biométrica. Los internos no identificados biométricamente serán capturados mediante el perfil biométrico.
Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, destacó que este proceso aportará valores agregados, ya que todos los internos quedarán registrados biométricamente en el sistema de la JCE. Este registro permitirá un mejor control de datos y una ventaja para el sistema penitenciario.
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