Decisión marca tercera anulación en proceso de adjudicación de red de semáforos en Santo Domingo.
Santo Domingo, D.N. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha anulado la licitación pública nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la implementación de una red semafórica en el Gran Santo Domingo. Este acto representa la tercera anulación emitida por la DGCP en este caso, donde aún se aguarda una resolución adicional sobre una solicitud de investigación pendiente.
Anteriormente, en las resoluciones RIC-164-2023 y RIC-165-2023, se identificó un esquema corporativo confuso y la presentación de documentos falsificados para demostrar experiencia por parte de la empresa adjudicataria, lo que fue negado por las supuestas empresas emisoras. La más reciente decisión, RIC-168-2023, surgió como respuesta a un recurso presentado por ESC Group, S.R.L., revelando graves irregularidades en la adjudicación del contrato.
La DGCP, al ejercer su autoridad, invalidó el procedimiento de licitación por contravenir los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas y los artículos 88, 91 y 94 de su reglamento aplicable. Las violaciones implican una infracción a los principios de igualdad, proporcionalidad, libre competencia y participación establecidos en la normativa de compras, así como a los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13.
Además, se encontró que los requisitos excesivos del pliego, como la demanda de acreditar experiencia en la instalación de 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a nivel mundial, resultaron en una baja participación y una evaluación sesgada por parte de los peritos. La DGCP también señaló evaluaciones técnicas subjetivas y una omisión del debido proceso al recomendar mejoras técnicas no permitidas por la normativa.
En consecuencia, la DGCP subrayó la necesidad de que el Comité de Compras rechace tales evaluaciones por ser subjetivas y arbitrarias. También reiteró que el INTRANT debe sancionar a los funcionarios implicados en el proceso. La institución anunció que entregará esta resolución a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), como parte de la investigación en curso.
