La magistrada Sindy Lizardo, presidenta de este tribunal, tomó la decisión de llevar a juicio a López, y varios familiares.
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – El Segundo Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial ha emitido un auto de apertura a juicio en respuesta a la solicitud presentada por el Ministerio Público contra Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López, y otros miembros de la red que lideraba, la cual estaba involucrada en el lavado de activos derivados del narcotráfico.
La magistrada Sindy Lizardo, presidenta de este tribunal, tomó la decisión de llevar a juicio a López, sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como a Ada Marie Pilarte.
En el proceso también se han admitido las empresas Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL., Auto Crédito Selecto, SRL y Compañía Servicio crédito Gloria Ivette SRL, que eran utilizados por la red para el lavado de activos procedentes del narcotráfico. .
El tribunal ha aceptado la calificación jurídica proporcionada por el Ministerio Público, la cual establece que las acciones de los miembros de esta red constituyen violaciones a diversas leyes y códigos, incluyendo la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Además, se alega que los acusados violaron la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como el Código Penal Dominicano y el Código Tributario Modificado por la Ley 11-92.
La acusación presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la fiscal Aura Luz García, de la Fiscalía de La Vega, señala que esta red criminal estaba involucrada en el tráfico de sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, con Miguel Arturo López Florencio como líder.
La red logró mover más de 8 mil millones de pesos dominicanos en el sistema financiero dominicano, obtenidos de actividades ilícitas, según las acusaciones del Ministerio Público.
Los miembros de esta red llevaban a cabo el blanqueo de capitales para aparenter la legalidad de los recursos obtenidos de la venta de sustancias controladas, y también brindaban apoyo económico y financiero a otras estructuras criminales.
La red estaba compuesta por familiares que aprovechaban sus lazos familiares para facilitar sus actividades ilícitas y ocultar los activos obtenidos del narcotráfico.
