Revelación de sanción a magistrado agrega complejidad a la posible liberación del exgobernante Alberto Fujimori
La controversia en torno a la posible liberación del exgobernante peruano Alberto Fujimori se intensifica con la revelación de que el juez encargado de tomar la decisión, Vicente Fernández de la ciudad de Ica, está siendo procesado por exonerar a un peligroso delincuente.
Fernández, encargado del caso de Fujimori, quien está condenado a prisión por crímenes de Estado, fue sancionado en 2021 por disponer la liberación de Pedro Manzanilla, miembro de la organización criminal "La Gran Sangre".
Aunque la Junta Nacional de Justicia lo sancionó, Fernández no fue destituido y solo suspendido por seis meses, con una apelación actualmente en proceso indicó Prensa Latina.
Este antecedente agrega complejidad a la decisión pendiente sobre la posible excarcelación de Alberto Fujimori, cuyo destino está en manos de Fernández, quien está revisando el polémico dictamen del Tribunal Constitucional.
El dictamen no especifica explícitamente la liberación del exgobernante de 85 años y solo descarta, por motivos formales y no de fondo, dos pedidos de aclaración de la sentencia de 2022 que ordenó liberar al preso.
La decisión pone presión sobre el juez Fernández, a quien un abogado afín a Fujimori denunció judicialmente por no proceder con mayor celeridad.
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, argumenta que, al no hacer ninguna precisión sobre el fallo, este sigue vigente y debe ejecutarse de inmediato.
La decisión pone presión sobre el juez Fernández, a quien un abogado afín a Fujimori denunció judicialmente por no proceder con mayor celeridad.
Sobre el dictamen de la CorteCIDH
En relación con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2022, que ordenó al Estado peruano abstenerse de liberar al preso, Morales afirmó que este tribunal "a veces se excede" y sus fallos no siempre se cumplen.
Además, respalda la posición de los seguidores de Fujimori y sus aliados, argumentando que el TC es la máxima instancia nacional y la CIDH no puede sobreponerse a la corte peruana.
Mientras los partidarios de la libertad de Fujimori destacan su edad avanzada y problemas de salud, las organizaciones de derechos humanos y los sectores progresistas argumentan que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de indulto y exigen que Fujimori pida perdón por sus crímenes y cumpla otros requisitos para recibir un indulto humanitario.
