Pareja cumplirá penas de prisión y medidas adicionales por delitos contra menores.
El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega emitió una condena de siete y cinco años de prisión, así como la suspensión de trabajo, a Adam Eric Pepper y su esposa Tracee Lynne Pepper por agresión sexual y amenazas a dos menores de edad en el sector El Mirador. de Jarabacoa.
Ambos canadienses, de 35 años, también deberán pagar 10 salarios mínimos oficiales y las costas penales del proceso. La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público de La Vega llevó el caso a juicio. La decisión judicial fue dada a conocer este lunes 4 de diciembre del 2023.
Adam Eric Pepper, quien cumplió prisión preventiva desde febrero de 2021, fue condenado a siete años de privación de libertad. Por su parte, Tracee Lynne Pepper recibió una sentencia de cinco años, con la suspensión de trabajo, impedimento de salida del país y la prohibición de impartir docencia en centros educativos.
La denuncia surgió cuando la madre de un menor de 12 años encontró imágenes comprometedoras en el celular regalado por Adam Eric Pepper. Este agredía sexualmente al menor y lo amenazaba para mantener en silencio, utilizando regalos como herramienta de manipulación.
La madre también declaró que el acusado solicitaba tiempo a solas con el menor y le exigía firmar un papel donde le cedía la custodia del niño en caso de que algo le sucediera. Tracee Lynne Pepper se enfrenta a acusaciones adicionales de tocar al menor y grabar imágenes sexuales con otra niña de 13 años, según la tía de esta última.
Durante un allanamiento en abril de 2021, el Ministerio Público incautó memorias USB, una cámara profesional, equipos de grabación de alta definición, una cámara submarina, entre otros objetos. En las cámaras se hallaron videos con imágenes de menores en actividades sexuales.
La calificación jurídica incluye violación de varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con asociación de malhechores para cometer amenazas y agresiones sexuales, explotación sexual comercial, disposición de imágenes que afectan la dignidad de niños, y violación de leyes contra la producción, comercialización, adquisición y posesión de pornografía infantil.
