Ya era tiempo de que una institución local asumiera la valoración del estado de los derechos humanos en la República Dominicana.
Sistemáticamente hemos censurado que un estado se erija en juez de otro para sentenciar sobre niveles de cumplimiento de políticas públicas. Máxime, que un país de sobradas violaciones de los derechos humanos más elementales acuse y condene a otro, y hasta le amenace con sancionarlo, por alegados abusos contra sus ciudadanos.
Durante años hemos padecido esta irregular y absurda situación, normalizada por gobiernos y partidos opositores, que suelen validar informes prejuiciados con sesgos políticos definidos por el momentum de las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana.
El colmo es que en materia de lucha contra el narcotráfico, uno de los países más poderosos del mundo, valora, sujeto a condena, el nivel de “cooperación” de un país de magros ingresos en evitar que las drogas ingresen a territorio estadounidense. La culpa es de las autoridades de pobres naciones “puentes”, subvertidas por el crimen organizado, no del país de las compañías líderes en tecnología.
Ya era tiempo de que una institución local asumiera la valoración del estado de los derechos humanos en la República Dominicana, con herramientas científicas, multidisciplinarias y participación de los actores.
Más que los hallazgos, sobremanera importantes porque son basados en evidencia, el primer informe nacional de derechos humanos de República Dominicana del Defensor del Pueblo constituye un hecho histórico al tratarse de un órgano con rango constitucional, que día a día gana más prestigio a nivel internacional.
El Defensor del Pueblo tuvo el cuidado de realizar seis Consultas Participativas Regionales con la presencia de los sectores sociales, empresariales y estatales, privilegiando la discusión y diálogo transparente.
Además, levantó la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos para la recopilación y análisis de las opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre los derechos humanos,
“Les informo que para el año próximo este órgano será acreditado por la ONU como el organismo de la República Dominicana con mayor rango para referirse a los derechos humanos en el país”, destacó el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa al presentar el informe con la presencia de Ndaba Mandela, nieto del legendario Nelson Mandela , arquetipo en la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Equipos técnicos del DP elaboraron un Perfil Mediático de Derechos Humanos, tras monitorear durante seis meses los principales medios de comunicación del país.
La riqueza del material reunido, permitió un documento final con todas aristas de la problemática y facilitó jerarquizar cinco derechos fundamentales, a partir de los mayores niveles de denuncias, el monitoreo de los medios de comunicación y estadísticas recopiladas.
El derecho a la salud ocupa el primer lugar en las violaciones, que pese a las permanentes denuncias sorprende porque históricamente se da principalía al abuso policial, que figura en el segundo lugar en el reclamo sobre el derecho a la integridad.
“La Policía es considerada como la institución que menos respeta los derechos humanos en República Dominicana y el destacamento policial es visto como un lugar de conculcación de derechos”, resumió Ulloa.
Empates en la tercera posición resultaron los derechos al trabajo, a la justicia y a la igualdad.
Un detalle importante, tomando en cuenta el cansancio de muchos ciudadanos en América Latina sobre las falencias de la democracia, es la abrumadora percepción de que la justicia “no alcanza a ciertos grupos privilegiados”.
Además, la inequidad en la protección y trato en instituciones y de autoridades con relación a personas de sexo femenino, con discapacidades, inmigrantes, pobres, privados de libertad, con VIH, en condición de pobreza y LGBTt.
Es un levantamiento importante, como dijo Ulloa, para elaboración de políticas públicas que garanticen derechos ciudadanos.
Y hecho en casa …
