QUITO, 14 dic (Xinhua) — La Fiscalía General de Ecuador detuvo hoy jueves a 29 personas, entre jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, en un operativo que se realizó en siete provincias del país como parte de una investigación por delincuencia organizada relacionada con hechos de corrupción y narcotráfico.
La entidad informó en su cuenta de la red social X que el operativo denominado "Metástasis" se llevó a cabo en conjunto con la Policía Nacional e incluyó más de 75 allanamientos simultáneos en siete provincias con el despliegue de más de 900 fiscales y policías.
"Hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional, podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico (…), alrededor de 30 investigados", celebró la fiscal general, Diana Salazar, en un video de la Fiscalía.
Entre los detenidos están Wilman Terán, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el máximo órgano de control administrativo de la justicia ecuatoriana, y Pablo Ramírez, general en servicio pasivo de la Policía Nacional, exdirector del Servicio Nacional de Prisiones y exdirector de Antinarcóticos de la Policía.
En ese sentido, Salazar anunció que en las próximas horas formulará cargos contra estos funcionarios, así como contra líderes de la estructura criminal, quienes "contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas".
Detalló que tras la muerte el 3 de octubre de 2022 de Leandro Norero, alias "El Patrón", uno de los principales narcos de Ecuador, "se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico".
El caso, que investiga presunto delito de delincuencia organizada, "es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos", subrayó.
Ante esto, Terán difundió en redes sociales el momento de su detención y el registro a su vivienda y a las oficinas del Consejo de la Judicatura en Quito, lo que calificó de ilegal y "sin fundamento alguno", además de que lo atribuyó a una persecución.
La Policía informó en redes sociales que durante los allanamientos se levantaron indicios, como dinero en efectivo, documentos, computadoras, dispositivos electrónicos y armas de fuego.
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