Uno de los principales problemas de la ley 41-08 es la falta de coordinación entre los diferentes órganos.
Por Alejandro Pérez, estudiante de Ciencias Políticas, UASD
La ley 41-08 sobre la función pública tiene como objetivo establecer un marco jurídico e institucional que regule las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, así como los principios, derechos, deberes y responsabilidades de estos últimos. La ley busca, entre otras cosas, garantizar la profesionalización, la meritocracia y la ética de la función pública, así como mejorar la calidad y la eficacia de los servicios que presta el Estado.
Sin embargo, a pesar de los avances que supone la ley, esta también presenta una serie de problemas y desafíos que limitan su aplicación y su impacto. En este artículo, se analiza uno de estos problemas, a la vez que se propone una posible solución y se discuten los aspectos relacionados con la toma y la aplicación de la decisión.
Uno de los principales problemas de la ley 41-08 es la falta de coordinación entre los diferentes órganos y entidades de la administración pública, que dificulta la aplicación de los principios que establece la ley. Esta falta de coordinación se manifiesta en la ausencia de un sistema integrado de información y gestión de recursos humanos de la función pública, que permita el intercambio de datos, la evaluación del desempeño, la capacitación y el desarrollo de carrera de los servidores públicos. Esto genera duplicidad de funciones, ineficiencia, desigualdad y arbitrariedad en el acceso y la permanencia en el empleo público.
Además, la ley no contempla mecanismos de participación ciudadana ni de rendición de cuentas que garanticen la transparencia y la eficiencia de la gestión pública. Esto implica que los ciudadanos no tienen voz ni voto en la definición, la implementación y la evaluación de las políticas y los servicios públicos, ni tampoco cuentan con canales efectivos para denunciar y sancionar las irregularidades o los abusos que se cometan en el ejercicio de la función pública.
La solución que planteamos es crear un sistema integrado de información y gestión de recursos humanos de la función pública, que permita el intercambio de datos, la evaluación del desempeño, la capacitación y el desarrollo de carrera de los servidores públicos. Este sistema tendría como objetivos, entre otros, mejorar la planificación, la organización, la dirección y el control de la función pública, así como promover la profesionalización, la meritocracia y la ética de los servidores públicos. Asimismo, se podría establecer un marco normativo y operativo que regule la consulta y el control social de las políticas y los servicios públicos, así como los mecanismos de sanción y de protección de los derechos de los ciudadanos, fortaleciendo así la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública.
La toma de decisión sobre esta solución podría estar a cargo del Ministerio de Administración Pública, que es el órgano rector de la función pública y el responsable de la implementación de la ley. El MAP tendría la facultad de diseñar, coordinar y supervisar el sistema integrado de información y gestión de recursos humanos de la función pública, así como de proponer y ejecutar las normas y los procedimientos que regulen la consulta y el control social de las políticas y los servicios públicos.
Sin embargo, el MAP debería contar con el apoyo y la colaboración de los demás poderes del Estado, de las instituciones autónomas y descentralizadas, de los gobiernos locales y de la sociedad civil, para garantizar la coherencia y la legitimidad del sistema.
La aplicación de la decisión tendría un nivel técnico y político, ya que implica tanto el desarrollo de herramientas tecnológicas y procedimientos administrativos, como el consenso y la voluntad política de los actores involucrados. El nivel técnico cubriría la creación de una plataforma digital que integre y sistematice la información y la gestión de recursos humanos de la función pública, así como a la elaboración de manuales, guías y protocolos que orienten la consulta y el control social de las políticas y los servicios públicos. El nivel político se refiere a la definición de los objetivos, las prioridades, los recursos y los plazos de la reforma, así como a la negociación y el acuerdo entre los diferentes intereses y visiones de los actores.
