Santiago, 26 de diciembre de 2023 – El Ayuntamiento de Santiago ha tomado medidas legales contra la empresa Inversiones Doña Fresa S.R.L y su representante, Miguel Ángel Ortega, por falta de pago e incumplimiento de contrato.
La medida se toma ante la deuda acumulada de 47 meses por concepto de arbitrios no pagados, lo cual constituye una infracción grave según las normativas municipales.
Para hacer cumplir el sometimiento judicial el Ayuntamiento ha apoderado a la Oficina de Abogados Portes Núñez & Asociados.
La empresa fue notificada formalmente mediante acto de alguacil, exigiéndose el pago correspondiente a los 47 meses de arbitrios no cancelados, sumados a intereses y moras generados.
La intimación establece un plazo de un día franco para el pago, contado desde la fecha de notificación.
La Oficina de Abogados Portes Núñez & Asociados, en representación del Ayuntamiento, ha comunicado que, debido a los reiterados incumplimientos, el permiso provisional de instalación otorgado en 2016 ha sido revocado por el cabildo de Santiago.
En ese sentido, la empresa Inversiones Doña Fresa S.R.L se ve instada a retirar todas las vallas publicitarias sujetas a la factura pendiente y ejecutar el desmonte, retirada o anulación permanente de la publicidad y sus soportes.
Se aplicarán sanciones legales correspondientes, incluyendo multas, prisión y confiscación de bienes utilizados para la violación.
La intimación también contempla la rescisión del permiso provisional, ya que la Ordenanza Municipal no reconoce permisos, sino que exige licencias para la operación normal de las empresas.
Ademas, se destaca la violación a la Ordenanza Municipal No. 2719-05, que establece el Reglamento Municipal de Publicidad Exterior para la Ciudad y el Municipio de Santiago.
En caso de que la empresa y su representante no cumplan con la intimación, el Ayuntamiento de Santiago se reserva el derecho de retirar todas las vallas, publicidad y soportes pertenecientes a Inversiones Doña Fresa S.R.L.
Asimismo, se aplicarán sanciones legales correspondientes, incluyendo multas, prisión y confiscación de bienes utilizados para la violación.
El Ayuntamiento también podría constituirse en parte civil contra los infractores y reclamar una indemnización por daños y perjuicios en caso de que sea necesario desmontar, retirar o anular temporalmente la publicidad y sus soportes.
La empresa tiene la responsabilidad de acatar las normativas municipales para evitar consecuencias legales, concluye la representación de las autoridades municipales de Santiago.
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