Ministerio Público pide prisión preventiva para siete implicados
SANTO DOMINGO, República Dominicana – En un movimiento crucial dentro de la Operación Nido, el Ministerio Público ha presentado una solicitud de prisión preventiva contra siete individuos acusados de participar en una vasta estafa inmobiliaria. Según la fiscal Sourelly Jáquez, la red criminal está implicada en defraudar a más de 300 víctimas, acumulando ilegalmente unos 700 millones de pesos.
La solicitud fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional en la madrugada del viernes, marcando un paso significativo en este caso de gran envergadura. Jáquez destacó que el expediente contiene más de 400 páginas y unos 200 elementos de prueba, incluyendo testimonios y evidencia financiera, que respaldan la petición de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
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Según las investigaciones, las víctimas fueron atraídas con ofertas de viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, siendo posteriormente defraudadas mediante diversas maniobras fraudulentas. Jáquez enfatizó que, para la elaboración del expediente, se interrogó a imputados, víctimas y personas involucradas en la venta de terrenos destinados a estos falsos proyectos.
Los fiscales Andrés Mena, Emmanuel Ramírez y Laura Vargas Toledo del Distrito Nacional también participaron en la presentación de la solicitud. La investigación señala a Emmanuel Rivera Ledesma y otros asociados, junto con las empresas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, como los principales responsables del esquema delictivo.
Además de la estafa financiera, Jáquez destacó el grave impacto psicológico, emocional y laboral en las víctimas, muchas de las cuales enfrentan condiciones delicadas de salud. Se reveló que la red criminal utilizaba nombres de personalidades reconocidas para engañar a las víctimas y llevaba un estilo de vida ostentoso con el dinero obtenido ilícitamente.
La Operación Nido, que incluyó 25 allanamientos en varias provincias y el Distrito Nacional, fue llevada a cabo por 170 policías y 28 fiscales, resaltando la magnitud y la seriedad con la que se está tratando este caso. La solicitud de prisión preventiva busca asegurar que los acusados no obstruyan la justicia ni representen una amenaza para las personas afectadas.
