Informe de revela inacción estatal y violaciones constitucionales en derechos del consumidor
Santo Domingo, República Dominicana – El 2023 ha sido un año particularmente complicado para el sector consumo en la República Dominicana, según el análisis presentado por la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM).
La organización, presidida por David La Hoz, señala una notoria ausencia de políticas efectivas en pro de los consumidores, dejando un vacío en la protección de sus derechos.
El informe de FUNDECOM critica severamente la inacción del Estado en la promoción de políticas que favorezcan al consumidor. Las acciones gubernamentales se han limitado a declaraciones superficiales que no abordan las necesidades reales de un sector tan vital. Esta falta de compromiso ha llevado a una violación sistemática de la constitución en materia de consumo, dado que el derecho administrativo regulador ha fallado en su función esencial.
Destacan particularmente las deficiencias en organismos como PRO CONSUMIDOR, PRO USUARIO, PROTECOM, DIDA y SILSARIL, donde los procesos burocráticos resultan tediosos y agotadores para los usuarios, sin ofrecer soluciones efectivas. En el caso de PRO USUARIO, por ejemplo, se resalta el aumento constante de salarios de la cúpula burocrática en la Superintendencia de Bancos, sin un impacto positivo para los consumidores.
El sector bancario, especialmente en lo que respecta a la banca hipotecaria, es otro punto crítico. FUNDECOM denuncia prácticas abusivas y una falta de regulación que carga injustamente a los consumidores con gastos excesivos, en contravención a la Ley 189-11. Este panorama se extiende a otros ámbitos como la salud pública y las telecomunicaciones, donde la falta de planificación y desregulación perjudica directamente a los usuarios.
La situación es igualmente alarmante en lo que respecta a la representación de los consumidores en órganos estatales. Según el informe, estas posiciones están frecuentemente ocupadas por cuotas políticas que no representan genuinamente los intereses del movimiento consumerista. Como resultado, se observa una política gubernamental desvinculada de las necesidades reales de los consumidores y una preferencia por favorecer a grupos de importadores.
Además, se menciona la desconexión entre el índice de precios al consumidor y el salario mínimo, evidenciando una creciente pobreza familiar. El costo de la canasta familiar para la cena de Noche Buena, que supera considerablemente el salario mínimo, es un claro ejemplo de esta problemática.
FUNDECOM aprovecha la proximidad del año electoral 2024 para instar al gobierno y la oposición a definir una política pública clara y beneficiosa para los consumidores, respetando el derecho de consumo como un derecho constitucional.
David La Hoz, presidente de FUNDECOM, enfatiza la necesidad urgente de reenfocar la política de consumo en el país, recordando que la protección al consumidor no es solo un mandato constitucional, sino una necesidad imperante para garantizar la justicia y equidad en las relaciones de consumo.
